A pesar de que el Gobierno se empeña en que más del 50% se destina a Salud, magisterio, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, el Órgano Ejecutivo subió de 1.161 millones de bolivianos a 1.198 millones, así como para las empresas públicas. Entre tanto, las recaudaciones no cubren los gastos, que llegan a los 45 mil millones y la erogación pasa los 47.000 millones.
El analista financiero, Jaime Dunn escribió en su twitter @JaimeDunn_ sobre el Presupuesto 2023, que la recaudación tributaria alcanza a 45.010 millones de bolivianos, unos 6.888 millones de dólares, es decir 19 millones diarios. La recaudación de impuestos no alcanza a pagar la planilla del Gobierno.
El análisis lo realiza sin los impuestos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD).
El legislador José Manuel Ormachea escribió en su twitter @JoseMOrmachea que rechazaron el Presupuesto General del Estado 2023 en el Congreso y se logró que no se apruebe. Indica que el 88% del presupuesto del país estaba destinado a la Plaza Murillo y sólo 12% a las regiones. Además, priorizaba Defensa, Presidencia y Gobierno, no salud, educación y justicia.
Una nota de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas señala que al nivel central se destinará sólo el 2,5% del presupuesto previsto para sueldos y salarios, es decir 1.198 millones de bolivianos, el restante 97,5% es destinado a trabajadores de salud, magisterio, policía nacional, fuerzas armadas, universidades, municipios, gobernaciones, empresas públicas, entre otras instituciones.
El Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 contempla un total de 47.253 millones de bolivianos para el pago de sueldos y salarios; de este presupuesto los Servicios Departamentales de Salud (SEDES), Programas de Salud y Magisterio Fiscal reciben el 46,9%; la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas reciben el 11,2%; entre las Entidades Territoriales Autónomas y las Universidades se concentra el 17,6%; las instituciones de Seguridad Social representan el 7,5%; las Empresa Públicas representan el 6,7%; otras entidades públicas donde se encuentran Órganos del Estado, entidades de control y defensa, entidades desconcentradas y descentralizadas concentran el 10,1%; el Órgano Ejecutivo solo representa el 2,5% de todo ese presupuesto, señala la nota de prensa.
El PGE 2023 contempla un total de 47.253 millones de bolivianos para el pago de sueldos y salarios, que representa un incremento de 4,5% respecto al aprobado en 2022, explicado por el incremento del salario mínimo nacional e incremento salarial otorgado en 2022 en beneficio de la salud y educación, así como la creación de 2.840 nuevos ítems para trabajadores y profesionales en salud por crecimiento vegetativo y para hospitales de nueva creación; creación de 3.300 nuevos ítems para las unidades educativas a nivel nacional.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas realiza la aclaración para desmentir las declaraciones que buscan confundir a la población al señalar que el gasto en sueldos y salarios cada año va creciendo para cubrir los salarios del nivel central.
Sin embargo, en la partida para el órgano ejecutivo y las empresas públicas, los recursos aumentan, mientras que la inversión pública bajó en 1.000 millones de dólares, de decir, de 5.015 millones presupuestado para el 2022 a 4.006 millones para el 2023.
El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, en dos ocasiones señaló que la ruta más corta para reducir el déficit público, es bajar la inversión pública, pero no toca el gasto corriente.
Los economistas ya señalaron que será importante hacer ajustes al modelo económico del gobierno, pues ya no hay el boom de los recursos por la venta del gas ante la caída de la producción, y además tiene que girar su política económica en apoyar la inversión pública y las exportaciones.
Además también indican que requerirá de financiamiento externo e interno. Ya en las redes sociales alertan de que el Gobierno podría acudir a recursos de los bolivianos que va administrar a través de la Gestora. Es más los jubilados ya se pronunciaron ante esa posibilidad.
Para eal Gobierno le será difícil adquirir deuda externa y menos colocar bonos, que se fijaron para el 2023 similar a lo que se planteó en 2022, de 2.000 millones, pues la calificación de Standard & Poor´s de B, desalienta a los inversores. Como se recordará en esta gestión el Gobierno puso al mercado internacional 2.000 millones de dólares en bonos soberanos, pero sólo logró 850 millones, lo que fue calificado por los economista como un fracaso, pero para el gobierno fue positivo.
Entretanto, el Ministerio de Economía señala, en una nota de prensa, que los ingresos consolidados del proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 se incrementó en 3,8% respecto al PGE 2022, de los cuales, los ingresos por recaudación tributaria, sin considerar el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) ni el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), se incrementaron en 6,1%, pasando de 42.408 millones a 45.010 millones.
Milenio
Mientras tanto, la Fundación Milenio señala que si bien el déficit fiscal que se prevé para 2023 es menor al déficit presupuestado de este año de 8,0%, sigue siendo excesivo, no revierte la tendencia de los últimos 9 años de cuantiosos saldos deficitarios provocados primordialmente por los gastos crecientes del gobierno.
«De hecho, la programación del gasto público prevé un aumento de 4,5% en sueldos y salarios en el aparato estatal. Este dato refleja la enorme expansión del empleo público (ministerios, empresas estatales y otras reparticiones), tanto así que el gasto en sueldos y jornales supera el monto de recaudación tributaria prevista para 2023», indica.
En efecto, el gobierno contempla una recaudación tributaria (excluyendo IDH) y IEHD) de 45.010 millones, mientras que el pago de salarios asciende a 47.253 millones. Si esa cifra de gasto se suma los beneficios sociales y los pagos a la seguridad social, la partida de gasto se incrementa a 53.572 millones de bolivianos, mientras que la recaudación con IDH e IEDH sube a 53.557 millones. Así pues, todo recaudado en impuestos no cubre la planilla de la burocracia estatal, señala la Fundación.
«El gobierno, en vez de ajustar el gasto corriente, como sería lógico, opta por mantener un nivel de gasto total exorbitante, y más bien ajustar la inversión pública. Naturalmente, este recorte en la inversión pública afecta las posibilidades de crecimiento económico, lo cual incluso es contrario al discurso oficial que justifica la participación del Estado en la economía por su aporte al crecimiento», sostiene.
De los 47.253 millones de bolivianos previstos para la siguiente gestión 22.178 millones serán destinados a los SEDES, Programas de Salud y Magisterio Fiscal; 5.294 millones a la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas; 8.302 millones serán para las Entidades Territoriales Autónomas y las Universidades; 3.526 millones para las instituciones de Seguridad Social; 3.177 millones destinados a las Empresas Públicas; 4.776 millones al resto de entidades públicas donde se encuentran Órganos del Estado, entidades de control y defensa, entidades desconcentradas y descentralizadas.
