El Gobierno reconoció, a través del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023, que los ingresos nacionales disminuyeron. Este reconocimiento se tradujo en que el presupuesto de inversión pública pasó de 5.000 millones de dólares en 2022 a 4.000 millones de dólares en 2023, un 20% menos.
Es cierto que la reducción de los ingresos nacionales empezó a mediados de la década pasada, cuando pasó el boom de los precios internacionales del petróleo. También es cierto que estos precios volvieron a subir este año, como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania, pero ahora no teníamos las reservas de gas necesarias para aumentar nuestras ventas.
En este escenario, lo primero que debemos señalar los empresarios es que la inversión privada, en el país, puede aumentar si el gobierno asegura que las reglas de juego se mantendrán estables y habrá seguridad jurídica.
El gobierno optó por reducir la inversión pública y no afectar el gasto corriente. Así, se mantendrán las subvenciones a los hidrocarburos, que llegan a 7.642 millones de bolivianos, y los alimentos que son otros 437 millones de bolivianos; y la cantidad de empleados públicos, que superan ampliamente los 500.000 funcionarios.
El Modelo Económico Social Comunitario Productivo, que aplica el MAS desde el inicio de su administración, prioriza el mercado interno. Por eso, la inversión pública fue una variable en constante aumento, al igual que el gasto público. Ambos convertidos en el motor de la economía nacional.
Como no supimos aprovechar la época de los precios altos del petróleo para crear nuevas empresas que aseguren los ingresos que necesita el Estado, cuando se acabe el petróleo, ahora nos vemos en la dura necesidad de reducir la inversión estatal. Esperamos no llegar a tener que reducir el gasto, que significaría cortar subvenciones y despedir a muchos de los funcionarios que tiene el Estado.
Por varios años el Gobierno optó por seguir gastando igual que antes, pese a que bajaron los ingresos, porque disponía de un buen “colchón financiero”: las Reservas Internacionales, que de los 15.000 millones de dólares que alcanzaron en su mejor momento (2014) bajaron a menos de 4.000 millones. Incluso, según algunos analistas, las divisas de libre disponibilidad solo llegarían a 900 millones, porque el resto está en oro, que necesita de autorización del Legislativo para su uso.
Reconociendo esta realidad, el PGE 2023 dispone que los dólares generados por las empresas estatales por concepto de exportaciones sean entregados en forma directa al Banco Central de Bolivia. De esta forma se pretende evitar una mayor reducción de las reservas internacionales netas.
Además, el PGE también contempla la emisión de bonos de deuda en el extranjero por hasta 2.000 millones de dólares.
El artículo 6 del proyecto de ley del PGE, en su parágrafo I, dice: “Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en representación del Estado Plurinacional de Bolivia, celebrar operaciones de deuda pública en los mercados de capital externos por un monto de hasta $us 2.000.000.000 o su equivalente en otras monedas, para apoyo presupuestario y/o manejo de pasivos”.
Como dijeron algunos analistas, este no es el mejor momento para la emisión de bonos, pues el dinero está muy caro. En septiembre del año pasado, Moody’s Investors Service cambió la perspectiva de las calificaciones del Gobierno de Bolivia a negativo desde estable y afirmó la calificación en moneda extranjera en B2, es decir, altamente especulativa.
Esta realidad hace que cualquier endeudamiento del Estado boliviano resulte muy caro, haciendo inviable el financiamiento externo.
Pero, la Gestora Pública, administrada por el Estado, tal vez pueda interesarse en estos bonos de deuda.
El Gobierno prevé una tasa de crecimiento de la economía, el próximo año, de 4,86%, muy superior a las previsiones de organismos internacionales, Así, el FMI estima un crecimiento del 3,5%, el Banco Mundial 2,8% y la Cepal un 3%.
En el PGE 2023 también se estima mantener el tipo de cambio sin variaciones, una inflación de 3,57% y un déficit de 7,49%.
Lo que el Estado recauda por concepto de impuestos, no alcanza para pagar los sueldos en la administración pública. De la inversión pública, el sector social tendrá el 26%, es decir $us1.024 millones para la ejecución de proyectos de educación, cultura, salud, seguridad social, deportes, saneamiento básico, urbanismo y vivienda.
En el PGE 2023 consolidado se destinará a educación un 10,8%.
Para salud se otorgará el 10,1% del PGE consolidado.
Para Gobierno un 2,2% y para Defensa el 1,8%.
Todo esto debe llevar al Gobierno a revisar su relación con la empresa privada. Si se dan las condiciones, el capital privado nacional y el extranjero pueden aumentar su participación, aliviando al Estado en su tarea de invertir, y al mismo tiempo permitiendo la creación de nuevas fuentes de empleo digno.
El autor es Economista, doctorado Ph.D. en Relaciones Internacionales, Académico de Número de la ABCE y presidente del Directorio de la UREAL.