Gobierno fomenta avasallamientos para amedrentar al sector privado

Ante las constantes denuncias por avasallamientos y toma de predios privados en la región del oriente boliviano, parlamentarios de oposición afirmaron que desde el Gobierno se fomenta las acciones irregulares de grupos denominados interculturales, con la finalidad de amedrentar al sector privado.
Los principales cuestionamientos están dirigidos a la permisividad de las fuerzas del orden ante las recientes intervenciones violentas de avasalladores en predios privados, responsabilizando además al Gobierno por supuestamente, “fomentar” estas acciones.
En criterio del diputado José Luis Porcel, de Comunidad Ciudadana, los avasallamientos han sido impulsados desde el Gobierno como una forma de amedrentamiento hacia el sector privado, en distintos puntos del país a lo largo de los últimos años.
“Los avasallamientos se están dando con cierto grado de discrecionalidad por parte de la Policía porque el Gobierno, de una u otra forma, ha fomentado durante todos estos años asentamientos y avasallamientos con los que pretenden amedrentar a toda la iniciativa privada que se está dando en todo el país intentando salir adelante”, sostuvo el legislador.
Agregó que estas acciones se han hecho con mayor frecuencia en el oriente del país, donde además se pueden advertir actitudes que apuntan a una especie de ensañamiento contra esta región. “Sobre todo se lo hace con sentimientos de odio y de rencor contra Santa Cruz”
Al respecto, la senadora por Creemos, Centa Rek, acusó al Gobierno de tener al departamento de Santa Cruz bajo un permanente ataque, abusos, amedrentamientos y persecución política, por ser el departamento que en la actualidad se constituye en el bastión de la resistencia contra la opresión y sometimiento.
En este sentido, la legisladora sostuvo que existe un plan de ataque ideado por el masismo para destruir esta resistencia democrática.
Una parte de ese plan son los avasallamientos mediante el traslado y protección de grupos denominados “interculturales”, mismos que se han dado a la tarea de avasallar por la fuerza e incluso con el uso de armas de fuego propiedades privadas productivas, parques nacionales, reservas forestales y acuíferas de Santa Cruz.
“No es cualquier ataque, porque su propósito es destruir la cadena productiva para tener un pueblo pobre, plagado de necesidades y por ende sometido. Quieren cercar a Santa Cruz con grupos dispuestos a reaccionar a cualquier llamado del gobierno para garantizar la vigencia de la opresión y destruir nuestra capacidad de reacción y de resistencia a la dictadura”, expresó.
Según datos del Gobierno, existen 208 denuncias por avasallamientos de tierras en predios fiscales, en proceso de saneamiento, en parques nacionales y en manchas urbanas. Por su parte, el Tribunal Agroambiental tiene registrados casi 1500 denuncias en todo el país.
“La verdad es que es el mismo Gobierno el que planifica, organiza, brinda información, traslada, incentiva y protege a los avasalladores en todo el oriente del país”, sostuvo Rek.
Agregó que otra parte del referido plan está en la persecución judicial mediante denuncias penales presentadas por organizaciones sociales, dirigentes sindicales y otros afines al masismo contra los líderes cívicos, políticos y opositores cruceños, los mismos que son rápidamente aceptados y procesados por el Ministerio Público, como mecanismo de instrumentalización de la Justicia manejado por el Gobierno y sus brazos operativos.
Por ello, la asambleísta cruceña afirmó que el Gobierno está generando una acción de ataque permanente para desestructurar toda la reivindicación democrática que encarna Santa Cruz en el presente.
Desde el Gobierno, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, indicó que no se permitirán más avasallamientos, asegurando que el “gabinete de tierras” se encuentra analizando los recientes casos.
“La Policía ha ido actuando con el Ministerio de Gobierno, los operativos que se está realizando, porque no podemos permitir avasallamientos, vengan de donde vengan, eso está enmarcado en nuestra normativa y el presidente es muy consciente de eso”, dijo Alcón puntualizando que debe haber respeto a las leyes y la Constitución.