Mediante una minuta de comunicación, diputados opositores de La Paz, pidieron al fiscal general, Juan Lanchipa, investigar a los concejales del municipio paceño que aprobaron la Ordenanza Municipal (OM) 046/2022, que – a decir de expertos – atenta contra la urbe paceña.
“Estamos viendo que el Fiscal General de oficio para que se comience con la investigación, de cómo se hizo esta OM, pero que también investigue a los seis concejales que han firmado y ha dado curso a esta OM”, manifestó la diputada de Comunidad Ciudadana, Milena Reque.
La diputada por La Paz, manifestó que las 10 cartillas que se cambiaron con la OM son en zonas de riesgo como Llojeta, por lo que pondría en riesgo a los paceños de esos sectores.
“Todo el mundo está señalando de que algunos concejales tendrían propiedades sobre zonas como Llojeta (…), el asunto es que el Fiscal General tiene que investigar hacia esos concejales porque se está presumiendo de que hay un tráfico de influencias enorme al respecto de esta OM”, advirtió.
DATOS
El 9 de septiembre de 2022, las concejalas Lucía Mamani Salas, Lourdes Chambilla y sus colegas Óscar Sogliano, Lucio Quispe y Pierre Chaín, aprobaron la ordenanza municipal 046/2022 que, según expertos consultados anteriormente por EL DIARIO, atenta contra la ciudad de La Paz, permitiendo construcciones que no contemplan parámetros mínimos necesarios para la planificación urbana.
El presidente del Colegio Departamental de Arquitectos de La Paz, Edgar Colpari, en entrevista anterior, manifestó a EL DIARIO que conceptos urbanos mal interpretados están destruyendo la ciudad de La Paz, en referencia a la OM.
Aseveró que el concepto de “querer densificar” no tiene el mínimo de justificación urbana, ya que quieren repoblar zonas que ya están llenas de edificios como la avenida Busch de Miraflores.
Por otro lado, el presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) de La Paz, Raúl Daza, en anterior entrevista, manifestó a EL DIARIO que con la norma se tendrá una ciudad colapsada de edificaciones, vulnerando los derechos de los habitantes, porque las zonas que se pretenden actualizar, se encuentran permanentemente amenazadas por la escasez de agua potable como ocurrió en 2016 entre otros eventos.
“El 99% de las zonas no están preparadas para seguir construyendo edificios de gran altura, los nuevos habitantes llegan con una alta demanda de servicios básicos e infraestructura, que no se refieren solo a agua potable y alcantarillado”, dijo.
A esa problemática se suma que no están obligados a de dejar retiros y los edificios estarán pegados unos a otros, formando grandes y densos bloques de cemento que impedirán un buen “asoleamiento y ventilación”.