Desde hace alrededor de veinte años la región oriental del país padece por una ola de asaltos y allanamientos a haciendas y tierras de propiedad privada y estatal, por parte de personas de diversas regiones, atentando contra todo el país. Es, además, una prolongación del estado de intranquilidad en el campo, con el objetivo de apoderarse y destruir haciendas y terrenos fiscales.
Ese estado de convulsión que afectó a la zona andina del país durante cincuenta años del siglo anterior, totaliza setenta años de dificultades para la agricultura y la seguridad alimentaria de la población. En los últimos seis años, ese mal llamado “avasallamiento” de haciendas se ha agudizado y genera impunidad con acciones que han sobrepasado la defensa de los vecinos, así como de fiscales, policías y periodistas que se hicieron presentes en escenarios de hechos de violencia.
Advertencias y amenazas en sentido que se debe evitar esas incursiones, finalmente cayeron en saco roto, dejando que esa situación de anormalidad llegue al caos, lo que permite observar que, si bien algunas autoridades decidieron tomar cartas sobre el problema, se limitan a dar dulces consejos y saludos a los avasalladores, ya que, cuando se retiraron, las cosas volvieron a punto cero y se creyó que la crisis ya fue solucionada y no volvería a producirse.
Sin embargo, ese optimismo desaparece pronto, pues vuelve la violencia con más agitadores y la anárquica acción terrorista se reinicia con más fuerza, como ocurrió en últimas semanas en otras regiones de Santa Cruz, donde se ha afincado esa ola de arbitrariedades, ante la vista gorda del gobierno y sus dependientes. Entonces, vuelve el desorden y se convierte en un problema de nunca acabar.
No es suficiente tomar medidas policiales o emitir amenazas de orden, lo que debe hacer el gobierno es buscar las causas que originan ese estado de cosas, que no solo le perjudica, sino que afecta a toda la nación. Se puede adelantar que esa indiferencia raya en la complicidad con los delincuentes, pues las autoridades nacionales no analizan ni encuentran las causas de ese mal. Pero algunos agraristas nacionales las han hecho conocer por medio de diversas opiniones de prensa, a las que, sin embargo, no se les da debida importancia.
El problema de la tierra en Bolivia es de inmensa gravedad y solo con medidas profundas, inclusive con reformas constitucionales, podrá ser solucionado. En caso contrario, el medio rural del país, además de no producir, entrará en un ciclo de atraso y malestar propicio para la agitación de demagogos y terroristas con objetivos populistas que, por lo demás, han fracasado en todo el mundo.