miércoles, septiembre 4, 2024
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Proceso de golpe a la Constitución y la democracia por el cocalero Morales

El Art. 170 de la Constitución Política del Estado establece: “La Presidenta o el Presidente del Estado cesará en su mandato por muerte; por renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional; por ausencia o impedimento definitivo; por sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal; y por revocatoria del mandato”. El Art. 41. a) del Reglamento General del Senado dice que, si la presidenta del Senado está ausente, se asume automáticamente por prelación, sin aprobación de la Asamblea Legislativa.
El golpe fue autogestionado desde el año 2006, cuando asumió el poder el cocalero Morales para consolidar su partido, solo para perpetuarse en el poder, cumpliendo el Ademdun del Alba 1.4. Por La Fuerza, Aun Sin Razón, que expresa: “La fuerza de la victoria es la política, la violencia debe ser nuestro principio. El engaño y la hipocresía son las reglas de oro de aquellos gobiernos que no quieran caer ante un nuevo poder. No nos detendremos innecesariamente ante la corrupción, la compra de conciencias, la impostura y la traición, porque con ellas servimos a la causa. En política no dudemos en confiscar la propiedad, si de ese modo podamos lograr sumisión y poder”.
Esa es la política del Siglo XXI firmada por los gobiernos dictatoriales de Ecuador, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Aplican ese mandato del ALBA para someter al pueblo boliviano y hacer desaparecer a las FFAA, Policía, oposición e incluso a la Iglesia Católica.
En 2016 se profundizo la crisis política, cuando el cocalero decidió quedarse en el poder, burlando el voto de los bolivianos en el referéndum del 21-F de 2016, que le dijo NO a la reelección. Por ello manipuló al Tribunal Constitucional, que resolvió la Sentencia Constitucional 0084/2017, con su falsa interpretación del Art. 23 del Pacto de San José, acerca de que “la reelección es un derecho humano”.
El soberano en 2019 fue a las elecciones y verificó cómo se detenía el TREP y en 24 horas cambiaron la tendencia de la votación, favoreciendo al cocalero, y material electoral se encontró en viviendas particulares y actas desechadas en las calles. Empezó el paro nacional de 21 días, las familias salieron las calles exigiendo segunda vuelta, pero al descubrir indicios del megafraude, entonces se exigió la anulación de las elecciones fraudulentas. En Santa Cruz el pueblo se arrodilló pidiendo que la Policía y las FFAA salgan a proteger al pueblo, cuando fueron asesinados dos cívicos en el norte cruceño.
La Unión Europea ratificó la Auditoría que solicitó el gobierno del cocalero, que es “vinculante”, establece que hubo fraude y recomendaba una Segunda Vuelta en las elecciones de 2019. Por esta Auditoría el pueblo pidió nuevas elecciones, y al verse descubierto el cocalero Morales dejó su cargo en “acefalía”, se dio vacío de poder. Los asambleístas del MAS para darle legalidad aprobaron la Ley 1.266 de sucesión constitucional y la Ley 1.270 prorroga el mandato de la presidenta, asambleístas, gobernadores y alcaldes.
En la Memoria publicada por la Conferencia Episcopal Boliviana, representante del Vaticano, son clarificados los hechos y también Adriana Salvatierra lo ratificó en su entrevista en PAT. Dijo que coordinó su renuncia con sus jefes Morales y García Linera; antes de su huida a México, abandonando sus funciones. Evidenció que ellos provocaron vacío de poder, renunciando a los cargos en la línea de sucesión constitucional, como establece el Art. 169.I de la CPE. Hecho que anula la novela de golpe de Estado y el cargo de presidenta fue asumido por Jeanine Áñez, según el Art. 41.a) del Reglamento General del Senado.
El pueblo vivió momentos de zozobra cuando “sus movimientos sociales” masistas gritaron “guerra civil”, asaltando, quemando Unidades Policiales, casas de periodistas, buses PumaKatari, voltearon el muro de Senkata para hacer explotar y amedrentar a la población. La novela del golpe pretende tapar la mala gestión de AguantArce porque no hay respuesta a los problemas que nos asfixian, como en salud, en educación (muchos estudiantes del área rural no tienen celular, ni cobertura de señal del famoso satélite Túpac Katari) y sigue la economía extractivista (porque no se cambió la matriz productiva).

La autora es Abogada, ex Asambleísta Constituyente.

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