El Juzgado Tercero Anticorrupción determinó ayer beneficiar con detención domiciliaria, sin custodio, al exdirigente universitario Max Mendoza, quien fue relacionado con el expresidente Evo Morales. El universitario, con más de 50 años fue imputado por ocupar un cargo sin cumplir requisitos.
El abogado y docente universitario, Víctor Hugo Chávez, el primero en denunciar al exdirigente precisó a EL DIARIO que el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), que es víctima directa de Mendoza, no apeló la determinación judicial y solo se limitó a “anunciar” una apelación lo cual no causa efecto.
Asimismo, el docente universitario manifestó que la justicia pidió una fianza de Bs 40.000, monto que considera ínfimo, tomando en cuenta el daño económico que causó al Estado.
Al respecto, el abogado José Paredes que patrocina al exdirigente universitario anunció que su cliente se prestará dinero de sus amigos para cubrir la fianza que debe depositar para que se efectivice su detención domiciliaria.
El abogado advirtió que la detención de su cliente es porque el plazo de la detención preventiva feneció en noviembre de 2021. Estimó que Mendoza saldrá de la cárcel hasta el viernes, porque se debe cumplir requisitos como la verificación del domicilio donde cumplirá su medida cautelar.
APREHENSIÓN
En mayo de 2021, a días del congreso universitario que debía realizarse en Potosí, Mendoza, quien ya había sido denunciado por al menos nueve delitos, fue aprehendido en Cochabamba.
Max Fernando Mendoza Parra, era estudiante de segundo semestre de la carrera de Agronomía y también de Derecho en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba desde 1989. Cada gestión se matricula para mantener su estatus de “estudiante” y con ello seguir encaramado en las dirigencias estamentarias desde la Federación Universitaria Local (FUL) hasta el cargo de presidente de la CUB desde 2013.
Mendoza Parra, “estudiante” de 52 años, ganaba un sueldo de Bs 21.870 como miembro del Presídium del Consejo Nacional Universitario, y cuya papeleta de pago era solventada desde el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB).
El sujeto, que se ha visto confrontado con periodistas que se contactaron con él, luego de los sucesos luctuosos ocurridos en la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) de Potosí, rechazó responder cualquier pregunta “personal”.
El deceso de cuatro estudiantes universitarios en Potosí, el 9 de mayo de 2021, provocado por una avalancha humana, trajo a la memoria otro hecho de luto que ocurrió en la Universidad Pública de El Alto (UPEA) el 2 de marzo de 2020, cuando ocho estudiantes cayeron del cuarto piso de una de las facultades tras romperse las barandas de seguridad por la aglomeración de personas. En ambos casos el origen de la tragedia se dio en las convocatorias para la elección de nuevos representantes estudiantiles.
Las pugnas de poder y la angurria por captar espacios en los centros de estudiantes o la FUL de las universidades estatales tiene que ver con el manejo de fondos que destina la “autonomía universitaria” a esos estamentos.
Millones en moneda boliviana se mueven cada año en becas y las representaciones logran remuneraciones por “gastos de representación”. A aquello se suma la nula reglamentación para el ejercicio de las dirigencias, pues una vez adentro, los “estudiantes” se pueden convertir en “ejecutivos vitalicios” de sus carreras.
ALLEGADO A MORALES
Max Mendoza cobró notoriedad en 2018, cuando se encargó de presidir la representación estudiantil en el XIII Congreso Nacional de Universidades de Potosí que se suspendió por la muerte del estudiante de la UPEA, Jonathan Quispe, asesinado por impacto de proyectil en las movilizaciones de El Alto en mayo de ese año.
Según los registros universitarios, a partir de esa fecha Mendoza gozaba del salario mensual de más de Bs 21 mil, por ser miembro del presídium de la CUB, pese a que su mandato como presidente de esa instancia, originada en 2013, debía concluir en 2020. La justificación fue que la pandemia impidió la elección de un nuevo “ejecutivo”.
Desde su cargo, Mendoza ostentó poder, pues se relacionó directamente con el Movimiento al Socialismo (MAS), cuyo registro como militante figura además en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para ser miembro de las comisiones de evaluación a los postulantes a las elecciones judiciales y a la designación del Fiscal General del Estado.
Sin embargo, el hecho que lo relaciona directamente con el expresidente Evo Morales en un plano personal se dio en 2020, cuando el periodista español Alejandro Entrambasaguas reveló que Mendoza se comunicó con Noemí M., la entonces pareja del jefe cocalero que estaba en Argentina tras su renuncia en noviembre de 2019 y un breve paso por México.
El 9 de abril de 2020 el “estudiante” universitario escribió a la joven: “Buenas noches, compañera. Mi nombre es Max Mendoza. Soy presidente de la CUB. Quiero hablar con el jefe”.
El periodista de OK Diario dejó entrever que Mendoza conocía la relación sentimental de Morales con la joven, cuya condición de edad se encontraba en investigación bajo la sospecha de pedofilia del jefe masista.
Asimismo, se confirmaba que el dirigente quería coordinar acciones con el expresidente, que se encontraba asilado en una mansión de una zona residencial de Buenos Aires.
“Buenas noches, compañero. Discúlpame, ya no estoy en Buenos Aires. Comunícate con su secretaria Lourdes”, respondió Meneses cuatro días después y Mendoza de inmediato concluyó la comunicación con un “mil gracias”.
En otras oportunidades y grabaciones se escucha a Mendoza como un operador de Morales. Incluso el presidente de la CUB señaló que tuvo reuniones con el líder masista unas 50 o 60 veces.
“Yo he tenido unas 50 o 60 reuniones con el entonces presidente Evo Morales y también con él hemos generado una amistad”, confirmó Mendoza en días anteriores. (EL DIARIO y Visor21).