¿Retorno a prácticas contra el bien común?

En días pasados, la celebración de Navidad fue ocasión propicia para aplaudir conductas de paz y respeto entre políticos, gobierno y comunidad nacional; pero con lo ocurrido hace pocos días en Santa Cruz, parece que todo fue simple ilusión. Y es que algunas autoridades dispusieron acciones contra el Sr. Luis Fernando Camacho, gobernador cruceño, procediendo a su detención de manera violenta, actitud policial que desencadenó una serie de reacciones porque la sociedad civil nacional repudió tal medida arbitraria y, además, porque no se dio todas las explicaciones de respaldo a dicho arresto del gobernador oriental electo.
Ante lo ocurrido surgieron las siguientes preguntas: ¿Por qué son adoptadas acciones violentas contra autoridades locales, departamentales, que no son afines al oficialismo? ¿Será que el miedo llega al extremo de no permitir cualquier oposición, ni siquiera protesta, contra los gobernantes? ¿No saben que el poder es temporal?
Mientras tanto, la mayoría del país está convencida de que, para mejorar las actuales condiciones de vida en el territorio nacional, donde prevalece la convulsión social –con marchas, bloqueos, en cualquier momento, por diversos problemas sociales no resueltos, como la falta de empleos formales, la deficiente atención en educación, salud, etc.–, es urgente retornar a labores productivas, dejando atrás yerros pasados y convencidos de que solo la convivencia pacífica es el camino para avanzar rumbo al desarrollo sostenible.
Para mejorar la situación del país, el gobierno cuenta con la fuerza de la Constitución y de las leyes; sin recurrir a “sayones” violentos de un lejano pasado, cuyas acciones a nadie le hacen bien. Por el contrario, la represión brutal solo lastima y perjudica hasta a inocentes ciudadanos, que luego deben clamar por ayuda solidaria para restablecer su salud, y constituye un grave atentado contra los derechos humanos.
Si alguna autoridad sabe quién o quiénes cometen hechos delictivos o violan las leyes, de una u otra parte, debe hacer las denuncias del caso y poner las pruebas en manos de las autoridades judiciales, de otro modo, se convertirían en cómplices y fomentarían la represión extrema, en vez de lo establecido por la Carta Magna y las leyes que garantizan las libertades ciudadanas.