Urge fiscalizar el uso del mercurio en minería aurífera

El Grupo Interinstitucional de Trabajo de Oro Responsable (GIT-OR) pone en evidencia el uso indiscriminado de mercurio y la falta de regulación para su importación, para lo cual recomienda gestionar un registro legal de comercializadoras de esta sustancia tóxica y crear un cuerpo de fiscalización para el uso de mercurio en la actividad minera aurífera.
“Se evidencia la falta de acceso a información fidedigna (…). Se requieren establecer mejores mecanismos de acceso público a la misma, mediante la generación de plataformas digitales para que las entidades del Estado brinden información que sea de utilidad tanto para fiscalizadores como para los tomadores de decisiones, señala el informe difundido ayer por Brújula Digital.
La mesa de trabajo “Efectos del mercurio en la biodiversidad, ecosistemas y áreas protegidas del seminario: Mercurio en la minería aurífera, situación actual y alternativas”, observa el uso indiscriminado de mercurio y la falta de regulación para su importación, por lo que identifica a la Aduana Nacional como la encargada de regular su importación por ser considerada sustancia peligrosa”.
“Se debe gestionar un registro legal de comercializadoras de mercurio y crear un cuerpo de fiscalización para el uso de mercurio en la actividad minera aurífera (…). Se evidencia la generación alarmante de contaminación minera sobre agua, suelo y aire”, advierte el informe elaborado por especialistas y organizaciones vinculadas al medioambiente y la minería.
En ese marco, el GIT-OR afirma que urge actualizar y complementar el marco normativo ambiental y sectorial minero; fortalecer a las instituciones para la fiscalización y tener una mayor presencia del Estado en sitios remotos del país”.
“Con el incremento de la actividad minera aurífera sobre las áreas protegidas es necesario que se respeten y cumplan las herramientas de gestión como son las normas de creación, los planes de manejo y en especial la zonificación, que deben regirse a un estricto cumplimiento de criterios técnicos atendiendo los objetivos de creación de las áreas protegidas”, sostiene el documento.