Hace pocos días la prensa informó que “Macha corre riesgo de ser municipio fantasma”, porque está seriamente afectada por muchos problemas, entre ellos una pobreza extrema, la contaminación minera y la falta de agua para el riego. Todo esto se verá en el próximo censo del país.
Abelardo Colque, presidente de la Brigada Parlamentaria de Potosí, dijo enfático, que “el 80% de la población (de San Pedro de Macha, provincia Chayanta del norte de Potosí) sufre de extrema pobreza, de acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística”.
Este es solo un ejemplo de una realidad que se ve en todo el país, donde poblaciones que vivían de la minería o asentamientos rurales van quedando vacías o solo con niños y ancianos, porque los jóvenes salieron “en busca de un mejor futuro”.
Esta migración se presenta por varios motivos, como la falta de centros de formación básica y técnica; carencia de fuentes de trabajo; problemas emergentes del Cambio Climático, como inundaciones, heladas, sequias, olas de calor y otros; la crisis económica y social generada por la pandemia del Covid-19.
Si en 1960 la población rural boliviana representaba el 60% de la población total, en 2020 bajó al 30%, según datos del Banco Mundial.
Las migraciones no son solo dentro del territorio nacional. También están las emigraciones. Es cierto que Bolivia ha sido un país expulsor de emigrantes, especialmente hacia Argentina, Brasil, Chile, España y Estados Unidos. Para 2020 había un total de 927.200 bolivianos viviendo fuera del país, 35% más que en 2010. Se estima que, de cada tres bolivianos, al menos dos tienen un pariente viviendo en el extranjero.
En la búsqueda de solución a sus problemas, los migrantes generaron otros problemas en las ciudades en las que se asentaron, que se pueden resumir en crisis humanitarias y presiones sobre políticas públicas para encontrar soluciones oportunas e innovadoras a nivel municipal, departamental y nacional.
Las ciudades del eje (Santa Cruz, Cochabamba y La Paz) son las que más migrantes reciben y, consecuentemente, las que mayores problemas tienen.
Una de las soluciones en las que se debe pensar para encarar estos problemas es el fortalecimiento de las llamadas ciudades intermedias.
Organismos internacionales consideran que una ciudad intermedia es aquella que tiene entre 50.000 y un millón de habitantes, acogiendo al 20% de la población mundial y a un tercio del total de la población urbana.
Como señala Carlos Hugo Molina, director del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (Cepad), en el país podemos considerar que las ciudades intermedias son aquellas que sirven de puente entre lo rural y las grandes ciudades, como nodos de servicios y desarrollo fuera de las capitales de departamento, por lo que urgen políticas públicas para dotar a estas poblaciones de todos los servicios necesarios.
Lamentablemente, remarca Molina, en el país aún no existe una definición de política pública sobre lo que constituye una población intermedia; pero para sus investigaciones consideraron que éstas son concentraciones urbanas que tienen entre 20.000 y 100.000 habitantes.
De acuerdo con los datos del Censo del 2012, en el país tendríamos un medio centenar de ciudades que cumplen la condición poblacional para ser ciudades intermedias.
En estas ciudades, distribuidas entre todos los departamentos, es donde debe trabajar el Gobierno central, dotándoles de todo lo que necesitan para ser nodos de servicios.
Si no se hace este trabajo, podría ocurrir lo que está pasando en Mizque, que tiene la ubicación geográfica estratégica para constituirse en ciudad intermedia, pero no lo está cumpliendo porque no tiene todos los servicios que la gente necesita. Entonces, en vez de crecer en población, Mizque la está perdiendo y también está decreciendo su capacidad productiva y eso va en perjuicio de las poblaciones cercanas.
Muchos de los servicios a instalar en las ciudades intermedias son de exclusiva responsabilidad del Gobierno central, como oficinas de Registro Civil, centros médicos, oficinas policiales y de tránsito adecuadamente equipadas, Segip, oficina de impuestos; capacitar, equipar y fortalecer económicamente a los municipios.
Pero otros servicios, como agencias bancarias, farmacias, centros de abasto y recreación, inversión en infraestructura, entre otros, pueden contar con la participación privada exclusiva o compartida con el Gobierno.
El futuro de una ciudad intermedia dependerá del desarrollo económico que ésta tenga, de su ubicación geográfica, de la calidad y cantidad de servicios que pueda ofrecer. Gobierno y empresarios juntos pueden hacerla realidad.
Las remesas de los bolivianos representan aproximadamente 1.200 millones de dólares, un aspecto fundamental para el desarrollo del país y las reservas internacionales.
El censo 2024 nos dará luces sobre la población rural y urbana, así como la calidad de vida y el desarrollo del país.
El autor es Economista, doctorado Ph.D. en Relaciones Internacionales, Académico de Número de la ABCE y presidente del Directorio de la UREAL.