Luego de conocerse sobre la solicitud de la Procuraduría General del Estado (PGE) al Ministerio Público para investigar a miembros de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) que participaron de las reuniones propiciadas para la pacificación del país en 2019, los representantes de la Iglesia Católica y de la oposición advirtieron actos para amedrentar y perseguir a obispos.
Para el arzobispo de La Paz, Monseñor Percy Galván Flores, este tipo de peticiones no le son extrañas a la población boliviana que, conoce la verdad y tiene conciencia de todos los actos relacionados a la persecución política contra distintas personas, sobre todo contra los que en la actualidad se encuentran privados de libertad.
“Sabemos el tema de la persecución política, sabemos de nuestros hermanos que están privados de libertad en las distintas cárceles del país por estos motivos políticos. Claro, con otros pretextos; buscan terrorismo, confabulación, golpe de Estado; pero en el fondo, por sentido común y por un mínimo de inteligencia sabemos que es única y exclusivamente persecución política”, afirmó observando que si esta acciones se extienden a miembros de la Iglesia “no sería nada extraño”.
En relación al pedido concreto de investigar a miembros de la CEB por los hechos de 2019, Galván calificó estas solicitudes como un acto de amedrentamiento que demuestra el desconocimiento de autoridades a las labores de la Iglesia en la sociedad.
“Lamentablemente es eso, amedrentar, pero es no conocer la naturaleza de la Iglesia, más bien nos dan más fortaleza”, indicó.
Antes de brindar su homilía dominical en la Catedral Nuestra Señora de La Paz, Galván reiteró que la Conferencia Episcopal de Bolivia ha manifestado su predisposición para expresar su punto de vista y todos los detalles de las jornadas de pacificación del país en 2019.
“Como Conferencia y como Iglesia hemos tomado una postura de estar siempre a disposición para aclarar cualquier tema de nuestra participación y de toda la participación de la iglesia en aquellos momentos tan difíciles y tan críticos que tocó vivir a nuestro país”, aseguró.
INTENTOS DE PERSECUCIÓN
Los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, condenaron los intentos de persecución contra los obispos de la Iglesia, advirtiendo nuevas maniobras del oficialismo para esconder el fraude electoral de 2019 y promover el falso relato de golpe.
“En su afán de ocultar el fraude monumental de 2019 evidenciado por la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y observadores internacionales; y emulando al dictador Ortega, el Movimiento al Socialismo ahora busca perseguir a Obispos que defienden la democracia y los Derechos Humanos. La persecución política en su más cruda ejecución”, expresó Mesa.
Por su parte, Quiroga comparó al actual Gobierno de Bolivia con el régimen de Nicaragua y pidió que la Santa Sede se pronuncie ante el inminente inicio de la persecución contra miembros del clero en el país.
“Arce se ‘Orteguiza’ al intentar crucificar a Obispos, a los que el MAS pidió mediación el 2019. Mi solidaridad con Monseñor Álvarez, quien por rechazar libertad en el exilio fue encarcelado en Nicaragua. El Papa Francisco debe pronunciarse sobre persecución a Iglesia en Bolivia”, sostuvo el exmandatario desde sus redes sociales.
Desde el Comité Nacional en Defensa de la Democracia se rechazó toda posibilidad de interrogar o procesar a miembros de la CEB, destacando la labor de la iglesia en la pacificación del país tras el vacío de poder generado por la renuncia de Morales en 2019.
“Rechazamos cualquier intento de interrogar o procesar a los Obispos que generaron la pacificación del país el 2019. Solo a una banda criminal como el MAS y sus operadores les mueve “morder la mano” de quienes les salvaron el pellejo”, sostuvo Manuel Morales, vocero de Conade.
El fin de semana se conoció sobre la solicitud de la Procuraduría General del Estado, expresada mediante un memorial dirigido al Ministerio Publico, para que esta instancia convoque a diez miembros de la Conferencia Episcopal de Bolivia, para que presten declaración sobre su participación en las reuniones de pacificación de 2019, durante el conflicto político y social de ese año, tras el fraude electoral que provocó la renuncia y posterior salida del país de Evo Morales.