Después que el procurador, Wilfredo Chávez, pidió a la Fiscalía que los obispos sean convocados a declarar como testigos de la crisis política de 2019, en el caso de supuesto golpe de Estado, el abogado Eusebio Vera advirtió a EL DIARIO que los religiosos pueden correr la misma suerte que el obispo católico nicaragüense, Rolando Álvarez, un crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega, que fue condenado a 26 años y cuatro meses de cárcel.
“Hemos escuchado que un obispo en Nicaragua fue condenado a 26 años de prisión, la Iglesia Católica ha recibido con estupor esa ingrata noticia. Aquí en Bolivia hemos escuchado que serán citados varios miembros de la Iglesia Católica que hubieran intervenido en las acciones y hechos acaecidos en noviembre del año 2019. No quisiéramos pensar que corran la misma suerte que el obispo de Nicaragua”, dijo Vera.
El 11 de noviembre de 2023, una publicación de AP señala que el magistrado Octavio Ernesto Rothschuh impuso la sentencia a Álvarez por los delitos de conspiración, propagar noticias falsas, obstrucción de la justicia y desacato a la autoridad. Como parte de la condena, “también se le retiró la nacionalidad nicaragüense”.
El religioso fue detenido en agosto junto a otros sacerdotes y ciudadanos. Ortega dijo que Álvarez se negó a abordar el avión con destino a Washington sin antes consultarlo con otros obispos, extremo que consideró como “absurdo”.
IGLESIA
Vera recordó que a lo largo de la historia de Bolivia, la Iglesia Católica siempre desarrolló un papel de mediador y pacificador.
El lunes, Chávez dijo que se solicitó que las autoridades religiosas sean citadas a declarar en calidad de testigos y aseguró que el único que tiene fuero es el jefe de la misión del Vaticano, mientras que los obispos no tienen ningún tratamiento especial.
En respuesta, la abogada de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Susana Inch, rechazó las declaraciones del procurador y aclaró que los religiosos sí cuentan con un fuero.
“Los obispos son parte de una Iglesia universal, nombrados por el propio papa Francisco para cumplir una misión específica, en un territorio determinado existiendo una condición particular en el marco de los acuerdos entre Estados y en función de toda la historia del derecho eclesiástico boliviano”, dijo Inch, en declaraciones recogidas por Unitel.
El artículo 95 del Código de Procedimiento Penal (CPP) señala: “No estarán obligados a comparecer ante el juez o tribunal: el presidente y vicepresidente de la República, presidentes de las Cámaras Legislativas, presidente de la Corte Suprema, presidente del Tribunal Constitucional, fiscal General de la República, Defensor del Pueblo, representantes de misiones diplomáticas, parlamentarios y ministros de Estado, quienes declararán en el lugar donde cumplen sus funciones, en su domicilio o por escrito”.
El 15 de junio de 2021, la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), presentó un informe sobre los hechos del “Proceso de Pacificación en Bolivia”, ocurridos entre octubre 2019 y enero 2020.
DATOS ESCLARECEDORES
Por otro lado, Eusebio Vera manifestó que al tener la Iglesia un rol mediador en 2019, las declaraciones de los religiosos fortalecerían a esclarecer los hechos y demostrarían que la teoría de un supuesto golpe de Estado está errada.
“La narrativa y el relato del golpe se caería con la declaración de los miembros de la Iglesia Católica ya que de acuerdo a los antecedentes que cursan en el cuaderno de investigaciones los citados deberán señalar quién fue la persona que los llamó y convocó a las reuniones que se han realizado el día 10 y el día 11 de noviembre en la Universidad Católica y estamos seguros que responderán que fue Adriana Salvatierra, que además esas reuniones fueron para coordinar una salida constitucional al momento político que atravesaba en país y para la salida del país de Evo Morales porque supuestamente corría peligro en esos momentos”, advirtió.