Parte II
En cuanto a nivel de empleo nacional, la última Encuesta Continua de Empleo elaborada por el INE, indica que, al cuarto trimestre del 2022, en el área urbana del país la tasa de desocupación fue del 4,3%, lo que quiere decir que apenas 4 personas de cada 100 de la Población Económicamente Activa (PEA) están desocupadas. ¿Esto es real? Al menos es difícil de creer, si consideramos que su medición pondera por igual a las personas que tienen trabajo o empleo, al sector formal e informal, mismo que representa un 80% de nuestra economía, por ende, es cuestionable una cifra tan baja, que al parecer está “desinflada” estadísticamente.
Lo que se observa, es que ha crecido de manera importante el subempleo, autoempleo y el empleo de baja calidad con rostro de niños, mujeres y ancianos; también se evidencia un gran volumen de profesionales trabajando en actividades para las cuales no se formaron, donde resaltan trabajos de taxistas, vendedor de comida, y sobre todo comerciantes de contrabando. En conclusión, la estadística nacional no está reflejando la realidad socioeconómica de su población, en términos de ingresos, ocupación y calidad de trabajo, ya que solo se debería considerar a una persona como “ocupada” a aquella que tiene un empleo formal, bajo contrato, con cobertura médica, beneficios sociales y ganando al menos el salario mínimo nacional. Considerando una población con dichas características, solo así se puede medir el verdadero nivel de empleo y la calidad del mismo de una nación, tal como lo recomienda la Organización Mundial del Trabajo (OIT).
Se indicó que el Déficit Fiscal cerró la gestión pasada con un 7,4% del PIB, mostrando una relativa mejoría con el dato observado del 9,3% del 2021, pero lo que no se dijo es que en 2022 la inversión pública apenas llegó a un 52,5% de su ejecución, lo cual sería uno de los motivos principales de un menor déficit, ya que al tener “menos” gasto público, el anterior indicador se contrae y no precisamente fue por un decremento notable de gastos estatales. En todo caso se observa en este PGE 2023 un incremento de los gastos corrientes en un 7,1%, donde el pago de sueldo y salarios equivale a Bs. 47.253 millones.
Acotando a lo anterior, para este 2023 se programó una inversión pública de $us 4.006 millones, un 20% menor al año pasado, con una clara intención de lograr un déficit fiscal del 7,49%, según lo proyectado en el Programa Fiscal Financiero. Sin embargo, esto reduce las posibilidades de un mayor crecimiento económico este año, tal como se planificó del 4,86%, más una si consideramos que los organismos internacionales indican que nuestras perspectivas a mediano plazo son de una desaceleración del PIB.
Tocar la deuda pública nacional es un tabú, esto no se explicó en los últimos informes económicos ni del presidente ni del Ministro de Economía. Según un análisis propio, la misma está aproximadamente cerca del 80% de nuestro PIB, aún dentro de márgenes manejables, pero al filo del abismo macroeconómico; por esto, hay que tener mucho cuidado, en esta gestión, en controlar el déficit fiscal y administrar el nivel de endeudamiento externo como interno. Ya para este año se programó unos $us 13.495,40 millones adicionales de deuda pública, para financiar el gasto público, políticas sociales, sustentar empresas estatales, subvenciones, entre tantos.
Si consideramos que las RIN desde el 2014 a enero del 2023 cayeron en un 74%, y que actualmente solo un 16% de las mismas son divisas, es algo que nos debe preocupar, ya que con los actuales $us 620 millones no nos alcanza ni para un mes de importación, si tomamos en cuenta que en 2022 se importó por un valor de $us. 13.049 millones. Las razones de esta caída importante son varias, un tipo de cambio fijo, subvención más cara de carburantes, mayor gasto en importaciones, menos ingresos por exportaciones tradicionales, un contexto externo adverso y una economía muy “bolivianizada”.
Por ello el gobierno nacional quiere fortalecer las mismas con una mayor deuda externa, aunque este año pagaremos 920 millones de dólares a nuestros acreedores. Pero entre otras medidas económicas están los “bonos remesas” ofrecidos por el BCB para captar las divisas enviadas por nuestros compatriotas del exterior; adicionalmente pagar a los exportadores por sus dólares un precio más caro, a Bs. 6,95 por unidad, así para captar unos $us 1.000 millones, y otra más polémica, la famosa “ley de oro”, cuyo fin es transar y monetizar el nuestro, inclusive el que es parte de las RIN. Entre todas, estas dos últimas son las más riesgosas para la estabilidad macroeconómica.
El plantear un tipo de cambio preferencial para los exportadores ya produjo un sacudón en el mercado cambiario; familias y empresas, están esperando que esta medida se amplíe a otros sectores, con la intención de obtener ganancias, pero ¿con qué costo? Serán adquiridas más divisas, pero pagando más dinero, esto en otras palabras es incrementar el gasto o deuda pública, con un riesgo, mínimo, pero al fin real, de imprimir billetes para financiar el déficit fiscal, provocando una inflación mayor y real en nuestra economía.
La ley de oro puede impulsar una sobre explotación de nuestros recursos en oro, e inclusive generar un mercado negro de este mineral, esto sin tomar en cuenta los posibles daños ambientales; además, que se abra una puerta para comercializar nuestras reservas en oro estatales, lo cual no es aconsejable, salvo en una situación muy extrema, a corto plazo se debe buscar otras opciones que no comprometan nuestra estabilidad a corto y largo plazo.
Entre esas, sin dudas, est{a “liberar” nuestras exportaciones, dando condiciones económicas, jurídicas, fiscales y administrativas para que su flujo sea optimo, principalmente de las “no tradicionales”. Quitar el ITF ayudará bastante a captar recursos del público, acompañado de una política financiera nacional, en la cual la banca privada ofrezca tasas de interés pasivas atractivas para los depósitos en dólares americanos. Es importante que ese 86% de ahorro en moneda nacional dé cabida a divisas provenientes de la población. En otras palabras, hay que “desbolivianizar” un poco nuestra economía, ningún extremo es bueno, ya que mantener el tipo de cambio fijo y establecer reglas del juego que no permitan una mayor circulación de divisas en el sistema financiero generan una presión fuerte en nuestras RIN. ¿No sería extraordinario atraer esos 7 mil millones de dólares que muchas familias tienen en sus alcancías, colchones o en sus bóvedas personales? Hay divisas en nuestra economía, “pero más que cazarlas, hay que seducirlas”.
Como ya se explicó anteriormente, dependerá más de los precios internacionales, sobre todo de los productos no tradicionales, por ello es importante “liberar” las exportaciones, así se garantizan ingresos fiscales para el Estado mediante impuestos, pero también la entrada de divisas para fortalecer nuestras RIN.
Pero se debe tener mucho cuidado con la información manejada de nuestro comercio exterior, pues “no todo lo que brilla es oro”, ya que en los últimos meses se camufla un déficit acumulado de $us 1.211,6 millones, de hecho, el informe COMEX del INE, indica que durante el periodo de enero a diciembre de 2022 comparado con el 2021, nuestras exportaciones crecieron en un 23%, pero nuestras importaciones en un 36%, denotando un mayor dinamismo, lo cual supone mayor gasto público estatal y mayor salida de divisas para la economía boliviana.
Quedaron muchas cosas en el tintero por analizar y proponer, en temas como nuestra recaudación tributaria, inversión estatal, presupuesto público, lucha contra el contrabando, reducción de la pobreza, que son de mucho interés no solo para el gobierno sino para la población en su conjunto; sin embargo, más allá de propuestas en el campo económico, es importante el consenso, diálogo y concertación en las medidas que se vayan a tomar en el manejo de la cosa pública, estamos en una coyuntura extraordinaria, donde no se puede ser insensatos, ya que podemos poner en juego nuestra estabilidad y entrar a una crisis de la cual sería muy difícil salir.
Nota: El análisis u opinión en el presente artículo es de carácter personal basado en fuentes oficiales.
El autor es Presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija.