La situación política del país, de división y confrontación de la sociedad, en estos más de tres lustros del régimen populista que nos gobierna, nos ha llevado a varios ejercicios electorales, concentraciones masivas, marchas y, lo peor, enfrentamientos y represión policial, que ha dejado varias víctimas, encarcelados y exiliados, en un clima ciertamente preocupante.
El gobierno de la segunda versión del populismo-masista, en pasados días ha organizado varias concentraciones de apoyo partidario y festejo por el Estado Plurinacional y dos años de gobierno, además de otra para demostrar convocatoria. Para todas estas concentraciones, el gobierno ha movilizado a los empleados públicos y las denominadas organizaciones sociales, con un elevado costo, pues sabemos que los indígenas y otros sectores populares, son estipendiados por movilizarse, como lo hemos observado personalmente, luego de las concentraciones. Los empleados del gobierno, son movilizados por orden superior.
En la última concentración-desfile en la sede de gobierno por el aniversario del Estado Plurinacional, los empleados de la administración pública y de empresas públicas, de todo el país, fueron enviados a la sede de gobierno, y los técnicos de las empresas enviados en vuelos aéreos, como los que llegaron de Santa Cruz el anterior mes y luego retornados también por vía aérea (me encontré con algunos que me confirmaron su viaje), otros por tierra.
La adhesión política partidaria de los ciudadanos, tiene que ser voluntaria y espontánea, pues si es una obligación en razón del empleo público, como sucede, resulta un acto de coerción, pues el empleado que se niegue a asistir es echado del puesto o sancionado, como ha sucedido en alguna empresa estatal, de la que se retiró a un profesional especializado, por haber expresado su disconformidad con el viaje, pese a que asistió.
No debemos olvidar que los empleados y funcionarios públicos, están al servicio de la administración del Estado, en consecuencia, como todos los habitantes somos el Estado, son empleados de todos los bolivianos y no al servicio de un partido político que administra el Estado. Muchos gobiernos organizaron masivos desfiles de empleados en su apoyo, para luego caer del poder en las horas siguientes.
Existe un Estatuto del Funcionario Público, que en teoría garantiza los derechos laborales de los ciudadanos que prestan servicio público, en el aparato administrativo estatal, desde su reclutamiento por méritos y no por favoritismo partidario, hasta su retiro por causales establecidas en la norma. El actual partido en función de gobierno, en sus estatutos partidarios, ha normado que, para ejercer la función pública, cuando esté en el ejercicio de gobierno, los empleados y funcionarios deben ser obligatoriamente militantes de ese partido, lo que afecta normas legales establecidas.
En estos días en que grupos del partido de gobierno, están enfrentados por cuestiones de poder, un asambleísta representante de Santa Cruz, ha declarado que serán retirados de sus funciones los empleados y funcionarios que no sigan la línea de ese grupo que sigue al actual gobierno, a lo que le respondió rápidamente otro diputado oficialista, argumentando que todos tienen derecho a ejercer funciones públicas, olvidando que ellos mismos hace quince años, han ocupado el aparato administrativo del Estado, como “cosa propia”, llenándolo de conmilitantes, parientes y allegados, de tal manera que quien no tiene “aval político partidario oficialista” no puede acceder a función o empleo público.
Esta conducta política del oficialismo, ha determinado que el rendimiento administrativo y técnico del gobierno, sea bajo, y su desempeño criticable. Además que los eventuales empleados y funcionarios, son en su mayoría improvisados y de escasa formación técnica y profesional.
La complejidad del desarrollo de las actividades del Estado, requiere cada vez más, de mayores conocimientos científicos y técnicos, así como de experiencia e idoneidad, pues el Estado es un complejo de diversas acciones y funciones, con la finalidad de servir al “bien común”.
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.