La seguridad ciudadana debería ser prioridad del Estado, se debe equipar a la Policía para prevenir y controlar delitos, asegurar el cumplimiento de normas de convivencia y el funcionamiento de los sistemas de justicia, sin embargo nada de eso ocurre en el país, por lo que los vecinos se organizaron para hacer vigilias permanentes y reducir los índices de delincuencia, manifestó a EL DIARIO el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, Juan Carlos Rojas Romero.
En criterio del dirigente tanto el municipio alteño, como la gobernación deben equipar a la Policía para prevenir y controlar delitos, asegurar el cumplimiento de normas y leyes en actual vigencia.
Rojas Romero aseguró que en los últimos años El Alto se ha convertido en una de las ciudades más inseguras, generando un alto costo social por las pérdidas humanas, obstáculos al desarrollo económico, como lo ocurrido la semana pasada, donde se registró un atraco a mano armada en la zona de Río Seco.
WHATSAPP
Para afrontar este lamentable panorama, manifestó que en diferentes distritos se organizaron y crearon grupos de WhatsApp, donde también están incluidos efectivos policiales.
“En nuestros grupos, los vecinos alertan de desconocidos que rondan sus calles, plazas, y piden a la Policía que manden efectivos, y como los policías están incluidos la respuesta es casi inmediata, es una manera de luchar contra la inseguridad. Los mismos vecinos mandan videos, audios, etc.”, dijo.
Aseveró que con la creación del grupo de WhatsApp en los diferentes distritos se logró facilitar la comunicación entre la institución del orden y la sociedad civil, ya que antes los vecinos deberían acudir hasta las oficinas a denunciar, empero ahora la denuncia y respuesta es casi inmediata.
“Ahora tenemos un mecanismo de acompañamiento y los policías acuden a los requerimientos de los vecinos para mejorar el servicio. Abrir este espacio de comunicación entre la ciudadanía y la Policía promueve la corresponsabilidad en el manejo de la seguridad y convivencia, contribuyendo a mejores condiciones de seguridad”, dijo.
FALTA DE CONFIANZA
El dirigente advirtió además que uno de los problemas que afrontan las instituciones encargadas de proveer servicios de seguridad y justicia es la baja confianza de los ciudadanos.
Manifestó que la desconfianza en la justicia es la constante porque si bien la Policía aprehende o arresta a los delincuentes, éstos son librados por los jueces para seguir cometiendo hechos delictivos.
“Un claro ejemplo es el caso de Richard Choque, él estaba encarcelado pero al ser liberado por un juez, salió de la cárcel a asesinar más mujeres, ¿entonces qué confianza podríamos tener en la justicia?”, cuestionó.
En esa línea lamentó que el incremento de la violencia y la inseguridad ciudadana de la urbe alteña van de la mano con la negligencia de las autoridades judiciales y algunos “malos funcionarios policiales”.
“Nuestros dirigentes y vecinos permanentemente hacen conocer que hay algunos jueces y fiscales, que en vez de estar de lado de los denunciantes, sueltan a los delincuentes a las pocas horas de sucedido el delito, también hay denuncias contra algunos malos policías que vienen haciendo cobros irregulares para atender e investigar denuncias”, lamentó el dirigente.
Juan Carlos Rojas aseguró que las denuncias que prosperan son solo aquellas donde se pagan los “favores” de los abogados a los operadores de justicia.
“Lamentablemente en nuestro país la justicia es para los que tienen plata, porque el pobre nunca encuentra justicia, sus denuncias pasan al olvido porque no tienen dinero para pagar a los abogados, que en muchos casos los engañan, principalmente a la gente del campo. Dicen que la justicia es gratuita pero es falso. Haces una denuncia y si no pagas coimas, demora meses en tener una respuesta y todavía negativa. Las únicas denuncias que prosperan son las que pagan, esas salen en de un día para el otro y sin ninguna observación”, dijo.
Manifestó que como dirigente vecinal recibió muchas denuncias de sus bases, indicando que son maltratados en las oficinas del Órgano Judicial que lejos de explicarles cómo deben hacer las cosas se limitan a decirles que hablen con sus abogados.
“Hablamos mucho de frenar la violencia contra las mujeres, niños y adultos mayores denunciando los hechos, pero cuando nuestras vecinas van a hacer la denuncia las escuchan y no hacen nada”, apuntó.
GANAR CONFIANZA
En criterio de Rojas, para lograr una reducción en los niveles de inseguridad y la consolidación del Estado de Derecho, se deben mejorar los niveles de legitimidad y confianza de las instituciones de seguridad y justicia mediante el fortalecimiento de sus procesos, recursos humanos y capacidad de atención ciudadana.
“Es fundamental mejorar la justicia para generar confianza en los ciudadanos mediante procesos justos, que las víctimas puedan ser las que evalúen el sistema de seguridad y justicia”, apuntó.
Asimismo dijo que fortalecer los procesos de profesionalización y especialización del personal de las instituciones de seguridad y justicia es fundamental.
“Si no contamos con instituciones de seguridad y justicia profesionalizadas, no podemos esperar respuestas efectivas a la prevención, control y atención de todo tipo de violencia”, advirtió a tiempo de aclarar que se necesita personal capacitado y comprometido con los derechos humanos.