Un médico con horario de oficina para más de 700 internos, falta de vehículos, medicamentos básicos racionados y trámites burocráticos que no priorizan la salud, sumado a crueles golpizas de bienvenida, comprometen la vida de los privados de libertad, y en caso de urgencias, como ocurrió con el dirigente cocalero César Apaza en el penal de Chonchocoro, esta situación se agudiza.
El llamado penal de máxima seguridad también presenta muertos por falta de atención médica oportuna que afecta principalmente a aquellos que no tienen dinero ni familia, según denunciaron internos de ese recinto. Muchos reclusos deben soportar sus dolencias y ver agravada su salud hasta presentar alguna emergencia que pone en riesgo su vida, cuyo peligro se duplica por la falta de atención médica inmediata.
En promedio, en el sistema carcelario mueren unos 60 internos al año por enfermedades prevenibles. Para las autoridades, en esas condiciones precarias, se trata de muerte natural.
El traslado de emergencia de César Apaza del penal de Chonchocoro al hospital de Clínicas demoró casi cuatro horas. Su situación se fue agravando durante ese tiempo y hasta que llegó al nosocomio. Ya estaba inconsciente. Los policías escoltas se opusieron a que sea llevado a una clínica para la tomografía que necesitaba de urgencia. Miriam, la hermana de Apaza, tuvo que rogar a los custodios para que accedieran ya que solo se limitan a la seguridad.
“La médico estaba pidiendo que hicieran el favor de llevarnos con los custodios para que le tomen una tomografía a mi hermano, a cuadra y media del hospital, a la clínica Amid, pero los custodios no quisieron, dijeron que no tenían órdenes, que solamente era hasta ahí su trabajo, no quisieron, solo tomaban fotos y le filmaban a mi hermano, les rogué, les supliqué, hicieron más llamadas, tardaban mucho y al final accedieron después de más de media hora”, contó a ANF.
Para las autoridades, el acceso a la salud de los internos está garantizado, aunque no de forma inmediata. Los tiempos son muy importantes en una emergencia, pero eso cuenta poco en las cárceles. Para alguien que está teniendo una emergencia, recibir asistencia médica de inmediato puede salvar su vida, aseveran las organizaciones de salud.
El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, enumeró los pasos seguidos en la emergencia médica de César Apaza: “Se le ha brindado toda la atención correspondiente, se ha llamado a bomberos, se ha externado al privado de libertad porque el médico requería conocer con elementos, análisis y otros estudios que necesitaba, se lo ha transferido al Hospital de Clínicas con quien se tiene convenios (…), más allá de esa situación por emergencia se lo ha tenido que llevar a la Clínica Amid, donde se le ha sacado una tomografía que necesitaba de manera urgente”.
Un interno del penal de San Pedro de La Paz calificó de mentiroso a Limpias, por sus declaraciones sobre César Apaza. Dijo que lo último en que piensan los funcionarios es en la salud del interno, “solo si hay dinero recién se mueve todo”.
“Todo lo que dice este compañero (Limpias) no es cierto, es un mentiroso, la salud es lo último en el penal”, dijo a ANF.
Recordó que cuando Limpias visita el recinto nunca pregunta sobre la atención médica a los internos ni por el abuso de los delegados, y cuando acuden funcionarios de otros organismos “esconden a todos los alcohólicos y drogadictos” en las aulas donde algunos internos pasan clases. “Es un mentiroso, esa clase de autoridades no debería de existir, no debería de ser funcionario público”, remarcó.
También cuestionó el trato que brindan los médicos penitenciarios y recordó en particular uno de apellido Acho que nunca facilitó su salida al especialista para que reciba un tratamiento. “Tu enfermedad es cara, no hay dinero para eso”, recuerda que le decía.
Los tiempos en las cárceles son otros: al tratarse de una emergencia fuera del horario del médico que visita el recinto, quien está a cargo es un interno aprendiz que debe informar lo que pasa con el enfermo, remite lo sucedido al guardia de turno quien debe dar parte a su superior, si es aceptada la salida se tiene que buscar un transporte, en este caso bomberos, determinar el número de custodios y un pago “voluntario” del interno. En el caso de Apaza el trámite duró más de tres horas. Pese a que el penal de Chonchocoro se encuentra a al menos 30 kilómetros del Hospital de Clínicas no cuenta con un vehículo para emergencias. El proceso de espera es más largo y solo prima la seguridad, no la emergencia, más aún por los antecedentes de fuga en ese recinto que es responsabilidad solo de las autoridades.
“Es muy difícil salir del penal, por los mismos antecedentes que hay, para que salga un enfermo del penal en situaciones normales, tiene que estar muy, muy mal y además contar con dinero o un familiar que esté reclamando por él y pueda solventar dicha salida, siempre hay que pagar algo para que puedan darte curso a cualquier atención, en casos de emergencia es peor, al menos seis murieron en ese trámite”, contó otro interno a ANF. En el penal San Pedro de La Paz el pago al escolta es de 50 bolivianos, como mínimo.
Si no hay apoyo de la familia y recursos económicos el interno “se queda soportando el dolor hasta que se agrave su situación y solo así talvez pueda acceder a una salida médica”.
Un interno del penal de El Abra, en Cochabamba, dijo a ANF que en 15 años que lleva recluido “no conozco de Derechos Humanos dentro de la cárcel, eso no existe, y peor para la salud, pero claro, Régimen va a decir que aquí está plenamente cumplido los derechos y las garantías constitucionales”.
Indicó que ya no hay reclamos como antes, por ejemplo, por el prediario, desde hace unos seis años, debido a que el modus operandi que tiene ahora la Dirección de Régimen Penitenciario para acallar a los internos es trasladarlos a otro penal.
“Nosotros lo único que pedimos es que se cumpla la ley porque aquí no se ha cumplido la ley y menos en el tema de la salud, pero los privados de libertad estamos sometidos, estamos amordazados, al primero que diga algo lo identifican y aparece durmiendo en Chonchocoro o Cantumarca o en Morros Blancos, así funciona”, refirió.
Agregó que el traslado de un interno afecta a toda la familia, que tiene que ir detrás de su ser querido, entonces “es un sufrimiento que causa a los hijos, a la esposa, a la mamá, al papá que son de la tercera edad, y es por eso que una persona no va a denunciar todo lo que sucede en la cárcel”.
UN LENTO DETERIORO DE LA SALUD
Al no haber un acceso oportuno a la salud, los privados de libertad van experimentando un deterior de su salud física y mental hasta llegar a un agravamiento que pone en riesgo su vida.
“La atención que nos dan es regular por varios factores y una de ellas es el hacinamiento en el penal, hay solo un médico y muchos buscan atención, no le alcanza el tiempo al médico, solo trabaja de 09.00 a 16.00 y en ese tiempo también debe hacer informes”, dijo otro interno de Chonchocoro.
Pero cuando hay una emergencia, se hace lo que se puede, agrega, muchas veces se les da calmantes o en caso de accidente se hace una sutura o vendaje, pero si es grave el policía a cargo debe hacer las gestiones necesarias para ayudarlo, pero no siempre es efectiva.
“Régimen Penitenciario aparentemente tiene interés para que los internos accedan a la salud, pero no existe la forma que se viabilice de manera oportuna, es realmente difícil obtener esa salida médica, por factores de seguridad, informes médicos y del juzgado, todo es un papeleo largo, entonces muchas veces uno tiene que soportar sus dolencias o cuidarse lo más posible”.
En el caso de César Apaza, el dirigente cocalero tuvo una atención médica en Chonchocoro y se detectó que estaba mal, pero pese a eso no se le otorgó salida al hospital, y “han esperado que la enfermedad se agrave para sacarlo de emergencia y es por eso que también hay personas que han llegado a fallecer por falta de una atención inmediata”, dijo Miriam Apaza.
Miriam acusa a las autoridades por el delicado estado de salud de su hermano. Cuando lo detuvieron César recibió una brutal golpiza por la policía con la anuencia del director anticrimen de La Paz. Los médicos penitenciarios -muchos de ellos funcionarios por cupo político- se negaron a tratar de forma adecuada sus dolencias en la mano, en la cabeza, en las costillas, resultado de la tortura policial. En esas condiciones fue ingresado al penal de San Pedro de La Paz.
Estando en San Pedro, César Apaza fue sindicado de alentar las movilizaciones cocaleras desde su celda y para justificar su traslado a Chonchocoro le sembraron pruebas (celulares) y el supuesto pedido de otros internos de que sea cambiado a otro penal. Los mismos internos dijeron a ANF que fue una estrategia de Régimen Penitenciario para validar sus acciones arbitrarias.
En Chonchocoro, en noviembre de 2022, privados de libertad “le dieron una contundente bienvenida” basada en golpes certeros en la cabeza y el cuerpo, lo que días después, sin una atención médica adecuada, “termina de ocasionarle síntomas de una embolia que le ha dejado la mitad del cuerpo paralizado”, según corroboró la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. (ANF)