Informe advierte falta de independencia en la justicia e injerencia para persecución

Un informe elaborado por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia (APDHB), en coordinación con Global Human Rights League, evidenció la falta de independencia del sistema de justicia en Bolivia y denuncia una “injerencia ilegal” destinada a la persecución política de representantes de la oposición mientras protege y deja en la impunidad a afines al Movimiento al Socialismo (MAS).
En el documento, se demuestran las conexiones en la administración de justicia para retirar y nombrar a jueces y fiscales funcionales, aptos para tomar decisiones contrarias a la norma para beneficiar con impunidad a miembros del partido oficialista, mientras se agudiza la labor de persecución judicial por razones políticas. “Más de 240 presos políticos en Bolivia son testigos y víctimas de este régimen inhumano y dictatorial”, se señala.
En fecha 11 de enero de este año, el Tribunal Supremo de Justicia designó a vocales suplentes para los Tribunales Departamentales de Justicia. Es así que para La Paz se asignaron 11 miembros, a Santa Cruz 4, a Chuquisaca 2, a Cochabamba 8, a Pando 2, a Tarija 2, a Beni 2, a Oruro 4 y a Potosí 6.
Según el informe, en el caso de los vocales designados a Santa Cruz, se encuentran funcionarios que enviaron con detención preventiva a los ciudadanos apresados por protestar en los paros cívicos; otros son investigados por el delito de uso indebido de influencias por denuncia del propio Consejo de Magistratura; autoridades que dispusieron una “detención indefinida” y negar todos los recursos a integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala; entre otros.
Se observa, además, que el Tribunal Supremo de Justicia nombró a los vocales suplentes sin haber convocado primero a los titulares. “La falta de convocatoria y precariedad en la designación de estas autoridades del Órgano Judicial es una muestra más de la falta de independencia de la justicia”.
Durante la gestión anterior, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la ley 1443, que autoriza que al Consejo de la Magistratura nombrar vocales suplentes para los tribunales departamentales de justicia, en tanto el TSJ designe a los titulares. “¿Como un ente administrativo ahora está por encima del máximo órgano colegiado de la Justicia?”, se cuestiona.
Se señala que desde noviembre de 2021, de la Convocatoria 28/2021 para nombramiento de “jueces de carrera”, provinieron los Jueces del Tribunal que condenó a la Ex Presidente Constitucional, policías y militares por el caso Golpe II.
Esta convocatoria también nombró jueces en todo el país, entre ellos, el que mantiene privado de libertad al excívico Marco Pumari, a los jóvenes de la resistencia La Paz, por portar petardos y el que dispuso la detención preventiva de 180 días para el Tte. Franklin Mamani Guarachi “El Matador”.
El juez que determinó legal el “secuestro” del Gobernador Fernando Camacho, también proviene de esta convocatoria, funcionario que al ser sancionado por el Consejo de la Magistratura no podía ser nombrado.
Así mismo, el juez a cargo de los casos Senkata y Adepcoca, quien el pasado año fue detenido en 2 oportunidades por liberar de Chonchocoro violadores y asesinos seriales como el tristemente famoso “Richard Choque”, fue el mismo que admitió que una ex presidenta sea juzgada en la vía ordinaria.
Dentro del caso denominado “golpe I” por terrorismo, el abogado de la unidad de gestión jurídica del ministerio de Gobierno, pidió que se investigue a la familia del general Vladimir Yuri Calderón Mariscal, pidió a la Unidad de Investigaciones Financieras, para que realice reporte completo de análisis en la investigación patrimonial y financiera de las familias de Jeanine Añez Chávez, sus ex ministros, siete jefes militares que estuvieron vinculados a los sucesos de 2019, además investigar las cuentas de los familiares de Luis Fernando y José Luis Camacho además de otras 14 personas vinculadas supuestamente a esta causa.
Un día más tarde, el abogado apoderado del Ministerio de Gobierno, es nombrado “fiscal provisional” en La Paz, junto con otros abogados del ministerio de gobierno que ahora se “infiltraron” en la Fiscalía, señala el informe.
Otra irregularidad detectada da cuenta que en una convocatoria relámpago de la Fiscalía General, el 20 de enero de 2023, se convocó a postularse a profesionales para acceder al cargo de fiscal provisional. El 10 de febrero ya estaban contratados y jurando el 14 de febrero de 2023 lo nuevos fiscales, 15 de La Paz, de los que cuatro fueron abogados del Ministerio de Gobierno.
En síntesis, el informe sobre la falta de independencia del sistema judicial, elaborado por el abogado Jorge Valda, detalla la designación irregular de 41 vocales suplentes para los Tribunales Departamentales, todos con antecedentes de prácticas abusivas y subordinadas al partido de gobierno.