Un 6 de marzo de 1985 se conforma la Cuarta Sección Municipal de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz con su capital El Alto, tres años más tarde esta capital obtiene el rango de “ciudad”, constituyéndose El Alto en la ciudad más joven de Bolivia. A pesar de esta categorización urbana, esta urbe ocupa los primeros puestos en términos de precarias condiciones socioeconómicas, que se reflejan en situaciones de pobreza, desempleo, desocupación, informalidad, discriminación, marginalidad, violencia y postergación. El resultado de esta situación es, por un lado, un claro deterioro en la calidad de vida urbana, que se expresa en la proliferación masiva de ciertos grupos poblacionales “desplazados” que cotidianamente van ocupando diferentes espacios públicos, como cuentapropistas, informales, vendedores ambulantes, desocupados, pordioseros, antisociales y menores callejeros y, por otro lado, un incremento de la violencia, la inseguridad ciudadana y la violación de los derechos humanos.
En el terreno de las estadísticas vinculadas sobre todo a la violencia e inseguridad, El Alto presenta una de las tasas más altas de criminalidad y de violencia intrafamiliar. Los indicadores de “violencia urbana” sitúan a esta urbe en un segundo lugar, después de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y en términos de “violencia intrafamiliar”, la ubican en un primer puesto. Según estadísticas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), en El Alto se registran en promedio 3.442 hechos delictivos por año, 287 casos son denunciados por mes y se efectúan 9 crímenes por día. En el caso de la “violencia intrafamiliar”, recientes datos estadísticos de la Secretaria Municipal de Desarrollo Humano y Social Integral, informan que cada día en las Defensorías de la Niñez y Adolescencia se registran entre 20 y 30 denuncias de maltrato infantil y en los Servicios Legales Integrales Municipales entre 20 y 25 situaciones de abuso y violencia en contra de las mujeres. Esta dramática realidad significa que la mayoría de los ciudadanos alteños no se siente “seguro” tanto fuera como dentro del hogar, pues se ha proliferado una forma de organización social y una forma de vida en la cual, lamentablemente, la violencia es un recurso permanente que se halla enraizado en las relaciones sociales e interacciones cotidianas.
Si bien el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y la Policía Boliviana han desarrollado una serie de acciones conjuntas para enfrentar, prevenir y sancionar estas problemáticas sociales, se advierten serias dificultades y limitaciones que impiden una lucha eficaz y eficiente. Son varias las estrategias de seguridad ciudadana que se han implementado y que se vienen llevando a cabo sin alcanzar aún el éxito esperado, siendo los factores precipitantes que explican este fracaso la falta de voluntad política, la carencia de medios, el escaso apoyo de la ciudadanía, los insuficientes procesos de información, el cortoplacismo, el carácter represivo y la ausencia de tareas integrales de prevención del delito.
En realidad, en casi en todas las zonas que conforman los 14 Distritos Municipales Alteños prevalecen situaciones de violencia, delincuencia e inseguridad ciudadana. Sin embargo, en función de cierta delimitación espacial y la composición social y cultural de sus habitantes, existen marcadas diferencias en el panorama delictivo, los niveles de criminalidad, las situaciones de inseguridad, los mecanismos de protección y la autogeneración de sistemas de seguridad ciudadana.
Lamentablemente, en particular en el tema de la violencia delictiva, ante la ausencia de resultados concretos, muchos ciudadanos se han visto obligados a desarrollar ciertos mecanismos de “autogestión de seguridad ciudadana” que transitan desde el “cerco de los barrios” pasando por la “vigilancia vecinal” y la “justicia comunitaria” hasta recurrir a los servicios rentados de las “empresas de seguridad privada”. Estos mecanismos de “autodefensa” que surgen de la carencia de recursos económicos, materiales y humanos en los organismos estatales de seguridad pública y la falta de credibilidad en las instancias judiciales, están “relativamente” permitiendo a los ciudadanos, por un lado, protegerse contra robos, asaltos, atracos, violaciones y asesinatos y, por otro lado, romper con la institucionalidad del Estado. Es en este sentido que, en muchos casos, estos procedimientos informales de autoprotección también están generando mayor violencia e inseguridad, como es el caso de la quema de locales, bares, cantinas, motorizados y linchamientos o ajusticiamientos extrajudiciales en nombre de la denominada justicia comunitaria.
Frente a este panorama descrito, en este nuevo aniversario, resulta imprescindible que las autoridades y la sociedad alteña reflexionen y desarrollen acciones eficientes y eficaces para revertir las actuales estigmatizaciones sociales en torno a esta joven ciudad que es considerada como una de las urbes más peligrosas y violentas del país. La solución para estos males sociales, vinculados a una “cultura de la violencia”, debe necesariamente transversalizar acciones estatales, sociales y familiares a través de la implementación de mecanismos y acciones que vayan más allá de la labor policial y se vinculen con la participación social, el control ciudadano, el empoderamiento social y el desarrollo de una cultura del buen trato y el respeto a los valores social y culturalmente establecidos.
El autor es docente, investigador y poblador de El Alto.