El Gobierno de Italia aprobó un proyecto que endurece las penas para las personas vinculadas al tráfico de migrantes y refugiados, con castigos de hasta 30 años de cárcel en el caso de que fallezcan varias personas, como respuesta a la consternación provocada por el naufragio frente a las costas de Calabria que dejó más de 70 fallecidos.
En lo que va de año, casi 16.000 personas llegaron a las costas italianas, según datos del Ministerio del Interior, y otras 285 perdieron la vida por el camino, de acuerdo a los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El Gobierno, que trasladó ayer su Consejo de Ministros a Cutro, cerca del lugar de la última tragedia, aspira a tomar medidas para frenar las llegadas irregulares, fomentando también los centros donde permanecen recluidos los migrantes antes de su deportación.
Entre las medidas contempladas en el nuevo texto, figuran favorecer la llegada de extranjeros de países que promuevan campañas contra la inmigración irregular y el establecimiento de cuotas en función de las necesidades del mercado laboral italiano, algo que la propia Meloni ya planteó recientemente en una carta a instituciones de la UE.
Gran parte de las medidas, sin embargo, giran en torno a un endurecimiento de los castigos contra las mafias que promueven el tráfico de pateras. En el caso de que fallezcan al menos dos personas, el Gobierno propone penas privativas de libertad de entre 20 y 30 años.
En Cutro, se activó ayer un amplio dispositivo de seguridad para preparar la llegada del gabinete en pleno, criticado por la oposición y por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos por sus mensajes contra los migrantes y las ONG de rescate. (Europa Press).