En el informe preliminar emitido por la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras su visita al país, esta instancia identificó un recrudecimiento en la violencia partidista, extremada polarización política y falta de independencia en la justicia.
Esmeralda Troitiño, relatora sobre los derechos de los pueblos y primera vicepresidenta de la Comisión, destacó las reuniones sostenidas con diversas autoridades, representantes de la sociedad civil y víctimas de violaciones a derechos en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Sucre y Santa Cruz. Los encuentros se desarrollaron con la finalidad de verificar la situación de los derechos humanos en el país.
Señaló que el informe preliminar elaborado por esta delegación, hace referencia a avances en la inclusión social y desafíos estructurales que persisten en el país.
“Se ha visto el recrudecimiento de situaciones preocupantes en materia de la violencia partidista producto de una extremada polarización política que ha provocado una fractura en la sociedad boliviana y que urge ser superada”, indicó.
INFORME DE
SIETE PUNTOS
En el tema del nuevo marco constitucional y de inclusión social, se destacan avances garantizados por la nueva Constitución de 2009, pluralidad política, económica jurídica cultural y lingüística, derivando en el reconocimiento de pueblos indígenas originarios, a pesar de ello, “a la Comisión le preocupa que algunos pueblos indígenas expresaron no sentirse incluidos en políticas públicas”.
En derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, se valora la reducción de índices de pobreza y datos sobre recuperación económica; sin embargo, “se recibió información sobre la necesidad de fortalecer el sistema de salud, aumentar personal y tecnologías sanitarias. Preocupa la falta de una política pública y legislación en materia de salud mental”. El informe expresa preocupación ante datos de contaminación hídrica a causa de la minería, deforestación y avasallamiento de tierras.
En cuanto, a avances en materia constitucional referido a normas contra el racismo, la discriminación, descolonización y despatriarcalización desde la materia de justicia social, “la comisión nota que persisten elevados niveles de violencia de género, feminicidios, violencia sexual, embarazos de niñas y escasez de servicios de asesoramiento psicosocial”
Libertad de expresión, la misión recordó que la protesta social y pacifica es un elemento esencial para la existencia y el funcionamiento de toda la democracia, por lo que se demanda especial cuidado por parte de los liderazgos para que las mismas se desarrollen de manera pacífica. “Los actos de violencia o discriminación no son parte del derecho a la protesta”. De la misma forma se hace referencia a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación.
Falta de acceso a la justicia por falencias normativas y debilidades institucionales y por la ausencia de una independencia judicial. “En Bolivia históricamente la justicia se ha manejado de manera instrumental dependiendo de los intereses del poder político en turno; falencia sobre la que coincidieron todos los actores entrevistados durante la visita”.
Falta de recursos para el sector de la justicia, lo que genera condiciones para la corrupción en este ámbito. “La comisión ha recibido testimonios preocupantes de jueces y fiscales que solicitan dinero a las personas acusadas a cambio de recuperar la libertad o no ser condenadas”.
Fruto de las visitas realizadas a distintos centros penitenciarios se observó que la medida de la detención preventiva debería dictarse como una medida excepcional pero en las actuales circunstancias “se convirtió en práctica recurrente”.