Defensa de Derechos Humanos es responsabilidad del Gobierno

La vigencia de los Derechos Humanos en cualquier país –de acuerdo con la declaración de Naciones Unidas– depende exclusivamente de la fortaleza que tenga el Gobierno para hacer cumplir las leyes.
A nivel de todas las instituciones nacionales, especialmente en naciones del tercer mundo, “hay energía y aplicación de las leyes punitivas solo para combatir los casos extremos de delincuencia y se descuida lo que organizan y hacen las bandas organizadas a nivel internacional”. Evidentemente, en nuestro medio existe el criterio de que grandes “operativos policiales” son realizados, paradójicamente, para casos pequeños o cuando están involucrados políticos de oposición, por lo que tales acciones son cuestionables. Sin embargo, cabe hacer notar que muchos de los delitos son consumados por grupos pequeños, que son parte de lo que está dispuesto por “mafias” que manejan robos y estafas en naciones pobres y lo hacen para disimular los llamados “grandes golpes”, por los que obtienen enormes ganancias.
Según recomendaciones de Naciones Unidas, es urgente que cada Gobierno fortalezca sus organismos policiales, aumentando la cantidad de efectivos y armándolos debidamente. Pero, lo grave es que la pobreza de muchos países impide pagar bien a los policías, y menos se puede contratar contingentes mayores y debidamente entrenados. Por supuesto, es más difícil proveerles armamento moderno. Cuando se trata el caso en reuniones de la ONU u otros sitios, la respuesta es que “se debe presupuestar más medios económicos para fortalecer a la policía”, pero nunca hay respuestas para saber con qué dinero, si los presupuestos señalados son escasos. No hay, pues, respuestas lógicas ante las justas necesidades de los pobres y la escasez de medios para luchar contra la delincuencia y estos problemas son conocidos por las bandas delictivas internacionales que fomentan los delitos.
Las recomendaciones de Naciones Unidas son justas, pero nunca están acompañadas por medios financieros, por lo que son pocas las posibilidades de contar con gente debidamente preparada para reprimir delitos. Por ello no son suficientes los recursos económicos para apoyar con rigor la aplicación de las leyes en contra de los grupos delictivos que son descubiertos cada vez con mayor frecuencia.
Finalmente, el respeto a los Derechos Humanos siempre debería prevalecer cuando se trata de proceder a investigaciones y detenciones por parte de los organismos policiales, por lo que la responsabilidad mayor, en tal sentido, corresponde al Gobierno.