La CIDH se acordó de los indígenas

Se puede decir que, a pesar de los sendos aspavientos oficiales y extraoficiales acerca de la población indígena del país, este inmenso sector social se encuentra en el olvido económico y político y nadie se acordó de ese sector social, ni siquiera con motivo de los grandes acontecimientos nacionales. Así mismo, cada vez se percibe menos la presencia de apellidos indígenas en las listas de la burocracia oficial y, por el contrario, solo se encuentran apellidos latinos, ingleses, alemanes, sajones e inclusive alguno de origen oriental.
Sin embargo, esa enorme omisión ha sido reducida, por lo menos en parte, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ha manifestado “que le preocupa que algunos grupos indígenas han expresado no sentirse incluidos en las políticas públicas”.
Esa observación de la CIDH, aunque es aislada y no hace referencia a numerosos casos que se registran a diario en el medio rural del país, resulta incompleta y sería de esperar que, en caso de alguna nueva visita a Bolivia, tome en cuenta ese asunto con más seriedad y profundidad, de tal forma de comprobar que los indígenas bolivianos no solo están sometidos a aspectos de mínima cuantía, sino a grandes actitudes de racismo y discriminación, comprobables fácilmente en hechos cotidianos.
La misma CIDH en su informe hace referencia a denuncias de afrodescendientes que “si bien tienen reconocimiento legal, la Comisión recibió información sobre la falta de participación y representación de personas en espacios de toma de decisiones, así como de sectores de discriminación contra el grupo étnico racial”.
La denuncia recogida por la CIDH es, en realidad, una mínima parte de varias actitudes de discriminación a los grandes grupos étnicos que se encuentran en extensos territorios del país, como aymaras, quechuas, chiriguanos y otros, a quienes se les ha prohibido por vía constitucional, nada menos, tener libertad para vender sus tierras. Es una medida establecida desde los decretos del Libertador Simón Bolívar en 1825 y que solo no se aplicó durante la dictadura de Mariano Melgarejo. En el presente también está vigente.
Las denuncias son reales y la CIDH podría ocuparse de escuchar las denuncias contra las políticas discriminatorias de que son víctimas no solamente grupos pequeños y aislados, sino poblaciones con millones de habitantes y debido a esas disposiciones “legales” están sometidas a un grado de empobrecimiento de proporciones increíbles.
En todo caso, la reciente crítica de la CIDH tiene importancia porque es la primera vez que se la realiza en Bolivia, después de mucho tiempo de falta de conocimiento del problema y que, en caso de ser solucionado, podría significar la apertura de una etapa de progreso económico y político para el país.