Cívicos cruceños se abstuvieron de declarar por el paro de 36 días

El vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas; el expresidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo; y el abogado José Luis Santistevan, que fueron denunciados por el paro de 36 días, donde pedían que el Censo de Población y Vivienda se ejecute en 2023, se presentaron ayer ante la Fiscalía en el Plan Tres Mil de la ciudad de Santa Cruz, empero se acogieron a su derecho al silencio.
La Fiscalía investiga el caso por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; violencia política contra mujeres, racismo y discriminación; atentado contra la libertad de trabajo; atentados contra el Presidente y otros dignatarios de Estado; atentado contra la seguridad de servidores públicos; asociación delictuosa; impedir el desarrollo de funciones y terrorismo.
La denuncia fue presentada por el dirigente de El Alto Juan Marcelo Mayta Huanca y la causa radica en La Paz, aspecto que es cuestionado por los sindicados.
Los tres investigados coincidieron y remarcaron la postura de que este proceso no tiene razón de ser porque no se está respetando la jurisdicción donde sucedieron los hechos.
Para la declaración, también fue convocado el rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar, pero éste se dispensó con el argumento de que tenía que viajar a ciudad del Vaticano.
“Cumplimos con el mandato del pueblo”, es lo que dijo Calvo, antes de ingresar a las dependencias donde debía declarar por el paro de los 36 días que se acató a fines de 2022.
“Me hago presente, creo que no tenemos nada que esconder. Nosotros hemos cumplido con el mandato del pueblo, de un comité interinstitucional que definió 36 días para conseguir un beneficio para todos los bolivianos, un derecho que era el censo, nos estaban cercenando de una forma ilegal”, manifestó Calvo según reporte de Gigavisión.