Tras el lanzamiento del “Plan Soberanía” de parte del Gobierno para frenar el contrabando de combustibles en regiones fronterizas del país, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) espera que esta tarea se aplique en todos los ámbitos, tomando en cuenta que esta actividad ilícita afecta a la industria y al empleo.
“Ponderamos la decisión del gobierno de enfrentar radicalmente el contrabando de carburantes”, expresó la CEPB en un mensaje publicado en sus redes sociales, asegurando que se trata de una decisión que ayudará a combatir “radicalmente” este delito transnacional que está perjudicando a la economía nacional.
En su momento, los empresarios hicieron notar que el contrabando mueve alrededor de 3.500 millones de dólares al año, los comisos alcanzados en 2021 no pasan los 100 millones mientras que en 2022 el valor pasó esta cifra, pero solicitan que la vigilancia y la lucha se intensifiquen aplicando un plan de control de fronteras.
El sector espera que la medida “se amplíe a todos los ámbitos en los que este delito ha penetrado, con sus efectos nocivos sobre la industria y el empleo y su secuela de violencia y corrupción”.
Al respecto, el Gobierno firmó el Decreto Supremo 4910 que aumenta la regulación, control, supervisión y fiscalización en la comercialización de gasolina y diésel en Bolivia.
La norma establece nuevas reglas para la autorización de compra y transporte de gasolina y diésel en diferentes volúmenes y condiciones, asimismo prohíben la venta de estos combustibles sin la debida autorización.
La Dirección General de Sustancias Controladas (DGSC) será la encargada de emitir autorizaciones de compra de combustible, además de la hoja de ruta para la adquisición y transporte de gasolina y diésel en bidones u otros envases en volúmenes mayores a los 120 litros hasta los 5.000 litros de manera mensual a ser comercializados desde Estaciones de Servicio de Combustible.
CEPB: Gobierno debe frenar el contrabando en todos los ámbitos
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