Sectores de gremiales, plataformas, médicos y cívicos anunciaron movilizaciones, a nivel nacional, para el martes 18 de abril de 2023, debido al “paquetazo” de leyes que son tratadas en la Asamblea Legislativa. Aseguran que las mismas buscan coartar varias libertades ciudadanas y afectar actividades económicas.
Los sectores movilizados exigen al Gobierno dejar sin efecto el paquete de leyes como la Ley 280 de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el proyecto Ley 305 de “Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos”, así como la Ley 065 referida al traspaso de aportes propios a la Gestora Pública.
La Confederación de Gremiales anunció, la semana pasada, que rechazan el proyecto de Ley 280, porque consideran que es similar a la Ley 386, contra la cual se movilizaron en 2021 bajo el argumento de que facilitaría la confiscación de sus bienes, y lograron que sea abrogada.
El tratamiento de dicho proyecto fue paralizado en el Asamblea Legislativa, en tanto se socialice, empero el dirigente de los gremiales, Toño Siñani, denunció que el Movimiento al Socialismo (MAS) difunde esta norma sólo con sus afines.
El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, asegura que el nuevo proyecto de ley no tiene nada que ver con las dos normas suprimidas y que lo único que se está haciendo es atender las recomendaciones de organismos internacionales que piden actualizar la legislación referida a la lucha contra delitos de legitimación de ganancias ilícitas.
PROYECTO DE LEY 280
El proyecto de Ley 280 plantea cuatro modificaciones al Código Penal:
Modifica el artículo 71 Bis, referido al decomiso, incorporando a esta figura bienes y recursos relacionados a los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo.
Modifica el artículo 133, referido al terrorismo aumentando la pena de 20 a 25 años de cárcel.
Modifica el artículo 133 Bis, referido al financiamiento del terrorismo extendiendo la autoría del delito a las personas que financien el viaje de personas vinculadas al terrorismo, así como responsabilidad penal de persona jurídica (lo que abarca desde empresas hasta sindicatos o cualquier
otra organización que tenga personería).
“Modifica el artículo 185 Bis, referido a la legitimación de ganancias ilícitas, separando en la redacción cada uno de los delitos de referencia (transferir bienes, ocultarlos, usarlos a sabiendas de que son ilegítimos, y ayudar a la comisión del delito); además incorpora la responsabilidad penal a personas jurídicas”, señala una publicación de Unitel.
El documento además plantea varias modificaciones a otras normas, como el Código de Procedimiento Penal, ampliando las atribuciones de las figuras de “agente encubierto” y “entrega vigilada” la investigación de delitos de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo.
PROYECTO DE LEY 305
Otra propuesta de norma cuestionada es el proyecto de Ley 305 de “Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos”, que incluye varios cambios al Código Penal, planteando el endurecimiento de penas, la creación de tipos penales y la supresión de otros para actualizarlos a la nueva normativa.
En uno de sus preceptos plantea la modificación del Art. 281 del Código Penal con la inclusión de la figura de “Difusión e incitación al racismo o a la discriminación”, que apunta directamente contra los periodistas con la amenaza de tres a siete años de cárcel, “Cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”.
Sectores del gremio como la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) emitieron un pronunciamiento para rechazar esa disposición atentatoria contra la libertad de expresión.
Durante la aprobación de la Ley 045, el régimen de Evo Morales, mediante la entonces diputada Marianela Paco, que fungía como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, impulsó el proyecto del diputado afroboliviano Jorge Medina (+), modificando por completo el documento inicial e incluyendo dos artículos que la prensa calificó entonces como los “artículos mordaza”.
El Art. 16 citaba: (Medios de comunicación) “El medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación”.
En tanto, el Art. 23, era totalmente ambiguo y abierto a interpretación sobre los “delitos contra la dignidad” y en su redacción estipulaba cárcel de uno a cinco años para “la persona que por cualquier medio difunda ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, o que promuevan y/o justifiquen el racismo o toda forma de discriminación, o incite a la violencia, o a la persecución, de personas o de grupos de personas, fundadas en motivos racistas o discriminatorios”.
El 13 de abril de 2023, el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Jorge Carrasco, denunció que los diarios independientes bolivianos fueron víctimas de la Ley Contra el Racismo, desde el año 2010, porque su contenido fue empleado para enjuiciar a tres medios escritos y desde su promulgación y hasta 2019, estuvo vigente un ciclo obligatorio para la publicación gratuita de avisos que generó millonarias pérdidas.
Carrasco recordó que la ANP alertó en 2010, que algunos artículos orientados a penalizar el trabajo de periodistas y medios derivaría en autocensura.
“Hoy, estamos en condiciones de afirmar que los diarios independientes fueron las principales víctimas de una legislación que tenía la buena intención de erradicar actos de racismo y discriminación”, explicó a los integrantes de la Comisión, y al ministro de Justicia, Iván Lima, y la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, que participaron de la reunión.
Tras escuchar los argumentos de la ANP, y representantes de periodistas, el ministro de Justicia y la viceministra de Comunicación expresaron disposición a considerar los argumentos del sector periodístico y abrir espacios de diálogo sobre los temas expuestos.
Después de la reunión con gremios periodísticos, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, manifestó que el proyecto no está escrito en piedra.
“Se ha planteado una propuesta que no está escrita en piedra, no es que no se vaya a socializar, y lo que hemos solicitado, como lo dijo nuestro presidente Luis Arce, es tener el contacto con la Comisión de Derechos Humanos, para que se pueda habilitar este espacio de diálogo”, dijo Alcón.
LEY DE PENSIONES
Mediante la circular APS/DP 095-2023, la Autoridad de Fiscalización y Control en Pensiones y Seguros (APS) fijó el 15 de mayo para el cierre contable y fecha de corte de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), para que éstos pasen a ser administrados por la Gestora de la Seguridad Social de Largo Plazo.
El analista Alberto Bonadona explicó que tras el cierre de las AFP, la Gestora de la Seguridad Social de Largo Plazo iniciará operaciones el 15 de mayo, lo que quiere decir que los fondos dependerán ahora del Estado o el Ministerio de Economía que nombra a sus autoridades.
En ese marco, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), emitió un pronunciamiento en el que plantea la reforma de la Ley 065 (Ley de Pensiones) para garantizar una jubilación digna y el control social efectivo, la conformación de una comisión multidisciplinaria de expertos que revisará la norma, artículo por artículo, para plantear las modificaciones pertinentes, proponer políticas públicas y defender de este modo, los aportes de jubilación de todos los trabajadores.
Además, plantea que los recursos son propiedad de los trabajadores y no del Estado o del Gobierno de turno por lo que es importante garantizar la administración con eficiencia, eficacia y transparencia.
La UMSA se declaró en estado de emergencia y movilización permanente, anunció que estará atenta y denunciará en su momento cada acción que vaya contra los intereses del pueblo trabajador.