Los diarios bolivianos representados por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) reiteraron su pedido para excluir toda sanción al trabajo periodístico de la Ley Contra el Racismo y destacaron el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que anunció la supresión de una propuesta que buscaba un incremento de la pena de cárcel, de cinco a siete años, para periodistas y propietarios de medios.
Tras conocer un comunicado de la Comisión presidida por la parlamentaria, Magaly Gómez, la ANP destacó la labor de esta instancia y el cumplimiento de su principio de “legislar escuchando al pueblo”, que permitió conocer la opinión de periodistas y de los medios impresos.
“Es un avance significativo pero queda pendiente la tarea de corregir el contenido de la Ley que desde 2010, castiga con prisión de hasta cinco años a periodistas y con la clausura de medios de información. Estos extremos son absolutamente contrarios a los principios de la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley de Imprenta, expresó el presidente de la ANP, Jorge Carrasco Guzmán.
Desde el 8 de octubre de 2010, la Ley 045 impone sanciones económicas y suspensión de licencia de funcionamiento al medio de comunicación “que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias”, según expresa el artículo 16.
El artículo 23 sanciona la “difusión e incitación al racismo” con la pena privativa de libertad de uno a cinco años al “trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo” y advierte que “no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”.
Durante la reunión convocada el pasado jueves 13 de abril, Carrasco declaró ante los representantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja que los periódicos EL DIARIO y Página Siete, además de la Agencia de Noticias Fides (ANF) fueron procesados por una supuesta difusión de mensajes racistas.
Recordó que la Ley 045 instituyó la obligación de difundir avisos de interés social, de manera gratuita, en contravención contra el principio constitucional que impide la prestación de servicios sin justa remuneración.
La medida estuvo vigente por nueve años y provocó millonarias pérdidas que afectaron a los medios impresos independientes y a los trabajadores de las empresas periodísticas.
La ANP destacó el interés del ministro de Justicia, Iván Lima, por examinar estos temas, así como la disposición de la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, por abrir espacios de diálogo alrededor de los temas presentados ante la comisión legislativa.