En un escenario adverso de la economía nacional, un incremento salarial resulta insostenible para el sector constructor y para cualquier actividad económica que trabaja en el marco de la formalidad. Igualmente afectará al sector público con el aumento del gasto corriente.
El sector constructor de Bolivia está realizando esfuerzos titánicos para finalmente reactivarse y aspirar a un crecimiento genuino. La mayoría de las empresas enfrentan una situación de crisis y de iliquidez por una sumatoria de factores entre los que se destacan: Deudas, reducción de inversión pública, baja ejecución presupuestaria, adjudicación a empresas extranjeras e incremento de los precios de los materiales, señala el pronunciamiento institucional que asegura que el aumento salarial es insostenible
El sector desde hace tiempo indicó que las deudas acumuladas del sector público en sus diferentes estamentos por concepto de planillas de avance de obra van creciendo, pero también sintió la escasa inversión del gobierno central, gobernaciones y alcaldías en obras de infraestructura.
Eso se refleja en la reducción de la inversión pública en infraestructura en 1.000 millones de dólares entre el 2022 y 2023, es decir 20% menos, de acuerdo al Presupuesto General de Estado, así como la baja ejecución presupuestaria del sector público en sus tres niveles, que en promedio no supera el 50%.
El sector constructor boliviano siempre exigió más protagonismo de las empresas nacionales en obras estatales, porque la adjudicación a compañías extranjeras, provoca incumplimiento de contratos hasta pérdidas económicas para el Estado, pero también daña a las bolivianas y afecta a los trabajadores.
La escasez de divisas provocó el incremento en los precios de los materiales de construcción, la inestabilidad política, económica y conflictos sociales ahuyentan las inversiones y los emprendimientos.
Los factores mencionados son algunos que frenan las actividades de la construcción en el país, que actualmente sustenta a 378 mil fuentes de empleo directos y alrededor de un millón y medio de indirectos, además de dinamizar otros 17 sectores de la actividad económica.
En este escenario, un incremento salarial resulta insostenible para el sector constructor y para cualquier actividad económica que trabaja en el marco de la formalidad. Igualmente afectará al sector público con el aumento del gasto corriente.
Los análisis de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz y su Centro de Estudios Económicos y Desarrollo, evidencian que un incremento de los salarios mínimo y básico, se multiplica exponencialmente y llega hasta el 41,7%, considerando que también suben los porcentajes de las obligaciones sociales como aportes a la Caja de Salud, AFP o Gestora, Pro vivienda, Subsidio Pre Natal y Post Natal, Provisión de Aguinaldo, Provisión de Indemnización y Bono de antigüedad, entre otras.
“Los constructores ratificamos que un incremento salarial es insostenible, imposible de asumir para muchas empresas, que se verían nuevamente obligadas a reducir drásticamente el número de trabajadores o al extremo de cerrar sus puertas”, afirman representantes del sector.
“Sostenemos igualmente, que el incremento salarial debe ser resultado de un análisis técnico y tripartito, enmarcado en el Convenio 131 de la OIT ratificado por el Estado boliviano. El sector privado no debe ser excluido de las mesas de negociación donde es imperativo que se tomen decisiones con responsabilidad y visión de sostenibilidad, con el objetivo común de dinamizar la economía, alcanzar una reactivación efectiva con estabilidad laboral y generación de nuevos empleos”, concluye su pronunciamiento.
Ayer, se debía definir el incremento salarial la Central Obrera Boliviana (COB) con el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, luego del ampliado realizado unas horas antes para analizar la última propuesta del gobierno de 2% al haber básico y 3% al mínimo nacional.