En estos últimos tiempos, los regímenes de gobierno populistas de nuestra América Latina, en sus políticas de conculcación de libertades, han adoptado el terrorismo y el golpe de Estado, como argumentos para reprimir toda disidencia y crítica a sus políticas autoritarias, incorporando en sus legislaciones penales, duras penas a los supuestos terroristas, con normas en las que se tipifica este delito muy laxamente, de tal suerte que la policía, jueces y fiscales a su servicio, puedan atribuir este execrable delito a cualquier persona a la que se quiera anular.
Se entiende por terrorismo, a los actos de violencia ejecutados para infundir terror en los individuos, o una forma de actuación para someter a la gente a través del miedo, pavor o zozobra. El terror desatado debe ser de tal magnitud, que el efecto sea contundente en las personas, de tal manera de lograr lo que se busca, aterrorizar. En ausencia de razones valederas, argumentos aceptables, se desata la violencia del terrorismo. Esta conducta delictiva debe ser normada con claridad, puntualidad en su contenido, para evitar que se use esta figura con fines persecutorios, que pretenden ver terrorismo en simples acciones de protesta legítima.
El terrorismo es ciertamente una conducta execrable, pues además del daño material que se produce, suele afectar la vida, libertad y la paz social de los individuos, se la hace al amparo de la oscuridad, el secreto, la sorpresa. Resulta una forma de lucha condenable a todas luces y no tiene excusa, y aunque parezca a veces un acto desesperado por una causa justa, nada justifica el terror.
Con el pretexto de cumplir acuerdos con alguna organización internacional de lucha contra el terrorismo, se pretende en nuestro país, aprovechando la mayoría parlamentaria del oficialismo, aprobar normas de lucha contra este delito, encubriendo en su redacción, flagrantes atentados a derechos constitucionales y hasta derechos humanos, restringiendo derechos como presunción de inocencia, justo proceso y prueba contundente.
El otro terrorismo es el “terrorismo de estado”, que se desata desde el poder político, con la misma finalidad de todo terrorismo: escarmentar, amedrentar, asustar a los individuos, para que éstos renuncien a sus derechos legítimos y acepten las imposiciones del poder político, que suele tener en estos casos intereses ajenos al “bien común”. Al contrario, es un arma para amedrentar: si haces oposición, si escribes contra el régimen, si criticas nuestras políticas, esto es lo que te espera, y ponen de ejemplo la persecución, privación de libertad y hasta tortura de individuos que han sido víctimas de los abusos de poder y puestos como ejemplo escarmentador.
El golpe de Estado es la otra figura que los regímenes populistas están utilizando con los mismos fines de imponer sus políticas hegemónicas de poder. Toda protesta o acción de crítica contra el régimen, es considerada como un acto de “golpe de Estado”, es decir de la intención de tomar el poder político a través de un acto de fuerza, que afecte a la legalidad del ejercicio del poder. En especial cuando la ciudadanía, por su derecho de protesta, sale a las calles masivamente para expresar su sentimientos, demandas o disidencia, como sucedió en nuestro país en noviembre de 2019, cuando la mayoría de la población salió a las calles a expresar su protesta por el grosero fraude a favor del candidato-presidente. O recientemente en Brasilia, cuando una muchedumbre se instaló en los edificios públicos de los Órganos del Estado, exteriorizando su sentimiento por la derrota de su candidato a la presidencia y el retorno a la presidencia, del socialista-populista Lula, ex presidente de Brasil.
El “golpe de Estado” tiene que tener como finalidad hacerse del poder por encima de la voluntad del pueblo, expresada en el voto popular, a través de un golpe de fuerza que eche a los gobernantes del ejercicio del poder. Pero no es golpe si los gobernantes han renunciado y abandonado el poder, dejando un vacío de poder, que tiene que ser llenado urgentemente, siguiendo la línea de mando establecida por las normas o la costumbre. Es lo que sucedió en nuestro país en noviembre de 2019, al renunciar y dejar el país los dos primeros gobernantes, seguidos en su renuncia por el resto de la línea de sucesión presidencial.
Cuando a toda protesta o acción de legítima disidencia de las políticas del poder, se le atribuye la acción de “golpismo”, se está mal utilizando esta conducta y peor aún, cuando se persigue a ciudadanos acusados de tal acción inexistente, se los enjuicia en tribunales serviles al poder y se los encarcela injustamente. Las figuras penales tienen su tipificación cabal y no corresponde interpretar esas normas según capricho del poder que los juzga.
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.