El incremento salarial y la mejora continua de la productividad laboral deben ir juntos, si se quiere estabilidad laboral e incremento en la producción que, a su vez, se traducirá en un desarrollo sostenido del país, con los consiguientes beneficios para toda la población.
En el país, lamentablemente estos dos factores, indispensables para la producción, nunca se acompañaron. Recordemos que desde el año 2007 hasta la fecha, las empresas están en un estancamiento de la productividad laboral y una subida de los salarios. Mientras, en el periodo anterior al 2007, la situación era inversa: se tenía un incremento salarial por debajo de la productividad.
La productividad laboral –entendida como la relación entre el trabajo desempeñado o los bienes producidos por una persona en su trabajo, así como los recursos que éste ha utilizado para obtener dicha producción– es una medida muy importante para las empresas y también para la generación de riquezas en un país.
Según datos de la OIT, entre 2006 y 2017 el rendimiento anual promedio por trabajador en Bolivia se incrementó de 10.896 a 15.081 dólares (+38,4%), mientras que la media del indicador en Latinoamérica aumentó de 51.907 a 69.544 dólares (+33,9%).
En 2017, “un trabajador boliviano producía solo el 21,6% de lo que llegaba a producir un obrero en el resto de los países de la región, recordaba Gustavo Jáuregui, gerente general de la Cámara Nacional de Comercio.
A su vez, Ronald Nostas, entonces presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, recordaba que “en el país, la productividad no ha crecido al ritmo de los incrementos salariales (un acumulado de 163% al mínimo nacional entre 2006 y 2017 y de 97,5% al básico)”.
Para la CEPAL “la productividad en Bolivia está entre las más bajas de América Latina y el Caribe, y es la peor de Sudamérica, brecha que se ha acentuado en la última década a partir de las mejoras logradas en países como Perú, Honduras y Guatemala, que han conseguido mejores índices de adopción de tecnología, junto con una reconversión de sus aparatos productivos, que se han enfocado sobre todo en los servicios de mayor valor agregado”.
El país pudo haber aprovechado el boom económico de la década pasada, para impulsar la atracción de capitales privados que instalen nuevas factorías competitivas, para atender el mercado internacional, con la innovación tecnológica existente.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) confirman que el rendimiento laboral en el país no avanza con un mayor ritmo debido a “la falta de: innovación, un clima adecuado de inversiones y recambio tecnológico, junto con falta de incentivos hacia la fuerza laboral para especializarse y vincular el salario con mayor productividad”.
Los ejecutivos de la Central Obrera Boliviana también deben analizar esta realidad: la baja productividad es una de las causas más importantes para la presencia de los “trabajadores pobres”. Pese a los largos horarios de trabajo, las personas que trabajan en la agricultura de subsistencia, la economía informal o empresas pequeñas que apenas subsisten, no ganan lo suficiente para atender todas sus necesidades.
Por eso, debemos reiterarlo, aumentar la productividad –y asegurarse de que los mejores ingresos que se tengan se compartan equitativamente entre los empresarios e inversores (mayores ganancias y beneficios para los accionistas) y los trabajadores (mejores salarios y condiciones de trabajo)– es de vital importancia para lograr reducir la pobreza y poder promover la formalidad considerando que en Bolivia tenemos 5 millones de trabajadores informales y solamente 1 millón de los que se desempeñan en el sector formal.
Los gobiernos, trabajadores y empresarios –la triada básica de la producción– deben buscar más productividad, que es la fuente fundamental de mejoras en los niveles de vida, la salida más sostenible de la pobreza de los trabajadores, y también la base de la competitividad en los mercados a escala mundial.
El autor es Licenciado en economía de la UMSA, doctorado Ph.D. en Relaciones Internaciones de la Universidad del Salvador de Argentina, Académico de Número de la ABCE y Presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP).