Expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) alertaron que Malí es el único país de la región del Sahel que no tiene leyes específicas contra la esclavitud, con lo que se corre el riesgo de perpetuar la esclavitud hereditaria y graves transgresiones de los Derechos Humanos vinculados, tales como las torturas, el secuestro o las violaciones.
«Nada puede justificar la esclavitud. Ni la cultura, ni la tradición ni la religión», destacó el relator especial sobre formas contemporáneas de esclavitud Tomoya Obokata y el experto independiente sobre la situación de los Derechos Humanos en Malí Alioune Tine.
No existen datos concretos sobre la cifra de personas que nacen directamente como esclavos, pero los expertos creen que existen al menos 800.000 víctimas de esclavitud, de las cuales 200.000 viven bajo el control directo de sus amos.
La esclavitud hereditaria es una práctica generalizada en el centro y el norte del país, tales como Tombuctú, Gao o Kidal. También se dan casos en la región de Kayes, en el oeste del país, donde son frecuentes las muertes de personas consideradas esclavas.
«Seguir apoyando la esclavitud en el siglo XXI va en contra de los compromisos repetidos de las autoridades malienses para respetar, proteger y cumplir con los Derechos Humanos», denunciaron los expertos, que presentaron un informe al respecto al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La Comisión Nacional sobre los Derechos Humanos de Malí ha documentado «actos de violencia, agresiones, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, humillaciones públicas, insultos, intimidaciones, secuestros y violaciones cometidos a diario por los ‘amos’ contra los ‘esclavos'».
Este estudio incluye pruebas de víctimas a las que se les niegan servicios sociales básicos, tales como bombas de agua o atención sanitaria.
Los expertos celebraron las recientes condenas contra individuos por delitos de esclavitud y solicitaron una ley específica que criminalice la esclavitud hereditaria que ayude a poner fin a la impunidad y «facilite la persecución de los responsables y mejore la protección a las víctimas».
«Los ‘amos’ deberían rendir cuentas por sus acciones, compensar a las víctimas y restaurar sus derechos y dignidad», finalizaron los expertos. (Europa Press)