Después del “tractorazo” impulsado por trabajadores de los sectores cañero y soyero debido a la emergencia por los cupos fijados por el Gobierno para el acceso a diésel en los surtidores, los movilizados dieron un plazo de 72 horas a las autoridades nacionales para abrogar los decretos supremos 4910 y 491.
La protesta sacó a las máquinas del campo para realizar una caravana a la que se plegaron productores de diferentes municipios del Norte Integrado y fue en un mitin realizado en Montero en donde se tomó la determinación de que, en caso de no ser atendida por el Gobierno de turno, tendrá como consecuencia el bloqueo de carreteras.
Así lo indicó el presidente de la Comisión Nacional de Productores de Caña de Bolivia (Concabol), Óscar Alberto Arnez, quien también anunció que fueron convocados por el Ministerio de Hidrocarburos para sostener una reunión para buscar una solución a esta problemática.
El Gobierno alega que se pusieron en vigencia los decretos con miras a luchar contra el contrabando de combustibles y que permiten a diferentes sectores adquirir mayores volúmenes de carburantes a precio nacional y al Estado ahorrar en la subvención.
Sin embargo, al acudir a las estaciones de servicio, los cañeros y soyeros se encuentran con que solo pueden cargar un límite de 120 litros de combustible al mes, como lo establece el decreto 4910, cuando los productores señalan que una máquina requiere de al menos 500 litros para operar en las áreas productivas, que están en plena cosecha y se apuntalará con el inicio de la zafra cañera.
Entretanto, el viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnez, aseguró que las movilizaciones son innecesarias y políticas porque el Gobierno garantiza el combustible a los productores, siendo la prioridad para el Estado, acotando que se socializará los decretos supremos 4910 y 4911 al sector productivo en todo el territorio nacional.
“Una cosa es lo que hablan las autoridades en las reuniones y otra la que se hace en surtidores”, cuestionó el representante de los productores, al exponer que están dispuestos al diálogo y la búsqueda de consenso, con miras a que no se afecte la labor de los productores, que son más de los 1.200 que salieron a las carreteras este lunes.
Los productores cuestionan que se quiera luchar contra el contrabando en una región cuyo carácter es productivo y fija sus labores en la producción de alimentos, al igual que no se den políticas de estímulo al sector tomando en cuenta la situación económica del país. (Santa Cruz, con datos de Unitel)