Tres de mayo de 2021, la concejala del municipio La Asunta, provincia Sud Yungas de La Paz asumió como nueva autoridad política; sin embargo, no ejercerá por cinco años, tal como manda el sistema político electoral, pues antes de ser elegida, ella fue obligada a firmar un documento, ante Notario de Fe Pública, para que en 2024 deje su cargo y asuma su suplente, que es varón. Este tipo de violencia política es uno de varios que 593 mujeres, entre asambleístas departamentales, concejalas ediles y alcaldesas denunciaron entre 2018 y mayo de 2023, según Acobol.
“Lo más frecuente son amenazas y discriminación para que no fiscalicen las actividades que hace el Gobierno Municipal, como ser sus obras. También existe bastante discriminación porque muchas no tienen formación académica, sí tienen formación dirigencial, pero no conocen de administración pública. A veces sus propios colegas no pasan información que requieren las concejalas, eso es obstaculizar su labor, hasta generar agresiones físicas y atentatorias contra su vida”, informó a ANF Gróver Sinka, director ejecutivo de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol).
Según esta institución, se ejerce violencia política contra las mujeres porque persiste el machismo y el patriarcado, es por ello que para las mujeres es más complicado ocupar cargos en espacios de toma de decisiones pues se las considera como no aptas para ejercer poder y política.
Esto le pasó a la concejala del municipio de La Asunta en 2021 y de la cual se reserva su nombre. Ella contó a ANF que cuando asumió su cargo sufrió por aproximadamente un año burlas por parte de los otros concejales hombres cada vez que ella opinaba o proponía futuros proyectos para el bien de su municipio.
“Me han hecho firmar un documento privado y notariado indicando que debo dar paso a mi suplente en tres años. Esto se cumple al año, 2024. Había sido ilegal (este tipo de acuerdos), no es normal. Yo puedo asumir mis cinco años y voy a pedir ahora que se respeten mis derechos”, dijo la concejala.
Y esta forma de actuar de los actores políticos, principalmente de los municipios rurales se debe a dos factores, según Sinka: uno es el económico (salario) y otro porque aducen el derecho a la titularidad para cubrir los recursos que invirtieron en las campañas.
También se manifiesta el ejercicio de poder. “Los hombres siempre quieren estar en la palestra, en las primeras líneas en el ámbito político y social, hasta se mofan cuando una mujer plantea políticas públicas en las reuniones. Ahora sé que nadie me puede obligar a renunciar”, prosiguió la concejala.
CIFRAS
Y este no es el único caso, ya que, según la Defensoría de Pueblo, 78 son las mujeres políticas afectadas con estos compromisos de gestión compartida: 16 en La Paz; 17 en Chuquisaca; 16 en Cochabamba; nueve en Oruro; ocho en Potosí; seis en Tarija; dos en Santa Cruz; dos en Pando y dos en Beni.
“Estos compromisos vulneran los derechos políticos de las mujeres, concejalas y asambleísta departamentales particularmente. Y esto impide que puedan culminar con el periodo de sus funciones, debilita efectivamente el escenario de ejercer el poder público y la construcción de una democracia paritaria y en igualdad de condiciones”, señaló el defensor del pueblo, quien dijo además que el informe se realizó entre agosto y octubre de 2022 mediante encuestas realizadas a 326 mujeres autoridades, 268 concejalas y 58 asambleístas.
El informe “Obligadas a renunciar”, presentado el martes 30 de mayo por la Defensoría del Pueblo, dio a conocer, además, que otros tipos de violencia ejercidas contra ellas son: gestión compartida, fiscalización, retención y descuento de salarios, presión y conformación de directiva del concejo. Y en menor medida, pero también relevantes, represalias por denuncia, la negativa a la reincorporación, el acoso sexual y la ingobernabilidad. Sinka también mencionó que la violencia es física.
Del total de las denuncias recibidas en Acobol, la defensoría y otras instancias, solo dos casos presentan sentencia ejecutoriada, el resto continúan en proceso o fueron abandonados por las mismas víctimas.
Dina Chuquimia, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) lamentó que el Ministerio Público se haya convertido en un cuello de botella porque “no se ve un trabajo efectivo”, incluso les rechazaron tres casos de violencia política. Enfatizó que la concejala municipal de Riberalta, Soraya Destre, fue agredida y golpeada con un fierro en su muñeca por una persona -a la que no se logró identificar-, ocasionándole una fractura. Su proceso continúa.
O el caso del asesinato de Juana Quispe (marzo 2012), fue concejala por el municipio de Ancoraimes, del departamento de La Paz. Su proceso continúa. Justamente en marzo de este año, se dio inicio al juicio oral. Los principales acusados del crimen, el exalcalde Félix H. y los exconcejales Pastor C. y Basilia R. prestan sus declaraciones en libertad. (ANF).