El abogado Eduardo León que patrocina a la presienta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal, manifestó a EL DIARIO que los administradores de justicia permiten la ocupación ilegal de las oficinas de esa instancia, arriesgando la vida de la octogenaria activista que mantiene una vigilia desde el 2 de junio de 2023, a pesar de las bajas temperaturas que se registran en el país.
“Las autoridades judiciales no solo permiten, sino socapan que las personas hagan justicia por mano propia y que avasalladores se mantengan en el lugar que ellos creen tener propiedad. Claramente ha manifestado tanto el Tribunal Constitucional como la Constitución de que absolutamente nadie, ninguna persona, aunque creyera tener derechos o sea propietario de un lugar, no puede llegar a despojar, avasallar, ni sacar a una persona de una propiedad, eso está permitiendo la justicia, y lamentablemente la vida de Amparo Carvajal está en manos de estos jueces que están actuando así”, advirtió León.
Asimismo, el jurista recordó que la justicia rechazó dos acciones constitucionales a la octogenaria activista, empero aclaró que en ninguno de los recursos jurídicos se ha cerrado la posibilidad de acudir a otra vía nacional o internacional y tampoco han reconocido a Edgar Salazar, como presidente de la Apdhb.
DENUNCIA PENAL
León apuntó que no solo hubo un acto de despojo a la presidente de la Apdhb, sino un hecho de violencia contra una mujer adulta mayor que el Estado tiene la obligación de resguardar, no tratando de moverla del lugar donde está sino de restituirla al lugar donde ella está prestando su trabajo.
En ese marco, aclaró que presentaron una denuncia penal por los delitos de violencia política y contra mujer adulta mayor, por el abuso que sufrió Carvajal. Están a la espera de que la Fiscalía vaya a pronunciarse o en su caso acudir a la vía constitucional para que se pueda atender favorablemente este tema.
“Lo que se está haciendo es acudir a que el Estado por medio de una acción penal que restituya a la señora Amparo Carvajal en su trabajo por el tema principalmente de la vulneración de sus derechos y por el grado de peligro que está corriendo en su vida”, precisó.
Asimismo dijo que con esta denuncia esperan que se establezca la desocupación del inmueble por parte de Salazar.
“Más allá de que alegue tener derechos sobre la presidencia (Salazar), nadie puede hacer justicia por mano propia y él tiene que acudir a las vías legales para que emerja una orden que pueda disponer la desocupación de Amparo Carvajal, pero no debería acudir a la vía de la fuerza, y que el Estado no atienda crea un nefasto precedente porque cualquier persona, natural, jurídica o colectiva va a tomar la justicia por mano propia y va a creerse ser titular de algún lugar”, apuntó.
RATIFICADA HASTA 2025
El jurista aclaró que Carvajal es presidenta de Apdhb hasta la gestión 2025, en cumplimiento de los estatutos que fueron aprobados en 1979, el reconocimiento internacional que tiene la octogenaria activista, además que en marzo de 2023 todos los presidentes de las departamentales y el Comité Ejecutivo la ratificaron como presidenta, por lo que tiene documentos vigentes que la respaldan en la presidencia.
También dijo que Salazar presentó estatutos del año 2016 pero aún siguen en trámite, por lo tanto no pueden estar vigentes.
“El año 2018 Salazar fue expulsado de la Apdhb y el MAS (Movimiento al Socialismo) creó una dirigencia paralela reconocida por el Gobierno, y funcionarios públicos lo eligieron y está en esa nominación de supuesto presidente”, aclaró.
APOYO INTERNACIONAL
Por otro lado, la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (Cidhpda), en voz de su Comisionado para América Latina, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, se solidarizó con Carvajal, quien es reconocida por su carrera en la defensa de los derechos humanos desde las dictaduras militares de fines de los años 70.
“Rechazamos el totalitarismo y el uso de la fuerza, elemento que agravian la paz social y el diálogo como elementos primordiales para un Estado Democrático”, se lee parte del comunicado.
Amparo Carvajal mantiene una protesta solitaria en la calle después de que dos fallos judiciales rechazaron su pedido para recuperar sus oficinas, de las que fue desalojada por una organización paralela oficialista.
El 2 de junio pasado, la activista denunció que unas personas con los rostros cubiertos ingresaron por la fuerza a las instalaciones de la Apdhb y soldaron sus puertas, en medio de la inacción de la Policía y del Ministerio Público. Carvajal declaró que los avasalladores sacaron, por la puerta de atrás, algunos documentos y se los llevaron en un vehículo protegido por efectivos policiales.
“Hacemos un riguroso llamado al gobierno de la República Boliviana a respetar y hacer valer los tratados internacionales que el Estado boliviano ha firmado con la Organización de Estados Americanos (OEA) del sistema interamericano y con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del Sistema Universal de los Derechos Humanos”, señala el documento.
“Rechazamos el totalitarismo y el uso de la fuerza, hechos que agravian la paz social y el diálogo como elementos primordiales para un Estado Democrático. Afirmamos que América Latina no puede vivir con un ejercicio coercitivo, pues a toda persona se le debe respetar su dignidad humana y, cuando sea el caso, el debido proceso anteponiendo medidas cautelares de protección en favor de la vida”, continúa.
“No podemos callar ante la indiferencia ni ante las violaciones en contra de los y las activistas que han dedicado su vida a luchar por la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos fundamentales de toda persona humana”, concluye el documento.