La prensa europea rechaza la nueva Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, que da sus primeros pasos en la Unión Europea, por “el peligroso desprecio de los principios de libertad de prensa” que podría conllevar.
Esta norma nace con la intención de proteger a los periodistas y a los proveedores de medios de las injerencias políticas, ante la creciente preocupación en la UE por la politización de los medios de comunicación y por la falta de transparencia en cuanto a su propiedad, según explican desde la UE. El texto, sin embargo, amenazaría la labor periodística y pone en riesgo el secreto de las comunicaciones al permitir que los gobiernos de la UE puedan autorizar el espionaje de periodistas y sus fuentes por motivos vagos de seguridad nacional, denuncian las asociaciones de prensa europea.
Su reacción llega después de que los países de la UE acordaron una postura común para negociar lo que será la futura ley, sobre la que ahora tendrán que iniciarse las negociaciones con el Parlamento Europeo una vez que este haya establecido a su vez su posición (que debería aprobarse en el pleno a mediados de octubre). El objetivo conjunto, aclaran desde la UE, es que la Comisión, el Consejo y el Parlamento fijen postura, los llamados trílogos y que concluyan las negociaciones antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo (del 6 al 9 de junio de 2024).
La Federación Europea de Periodistas (EFJ por sus siglas en inglés), a la que pertenece la FAPE, cree que, pese a haber estado abogando por una regulación fuerte y efectiva para responder a las numerosas amenazas que se plantean a la libertad de prensa en estos últimos tiempos, este acuerdo permite que los gobiernos de la UE tengan autorización para utilizar el espionaje.
Esta excepción, advierten desde la EFJ, dejaría sin efecto las protecciones otorgadas originalmente y pasa por alto la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el que se deja claro que, el mero propósito de salvaguardar la seguridad nacional no puede hacer inaplicable el derecho de la UE y no exime a los Estados miembros de sus obligaciones de cumplir con la ley. La EFJ, por lo tanto, se opone enérgicamente a esta excepción al considerar que va en contra del objeto mismo de la legislación.
La comisión de investigación sobre el uso del software Pegasus que se realizó en el Parlamento Europeo ya advirtió a los Estados miembros de que la excusa de la seguridad nacional no puede suponer carta blanca para el uso de este tipo de programas evadiendo la legislación europea, pero los tratados comunitarios otorgan a cada gobierno competencia total sobre cómo protege su seguridad nacional.
PROPIEDAD DE MEDIOS Y TRANSPARENCIA
El Consejo, en un comunicado, explicaba que el reglamento busca salvaguardar la libertad, el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación. También mostraba su preocupación por informes recientes de la Comisión y del Media Pluralism Monitor (instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación), que habían puesto de relieve una serie de preocupaciones en la UE en relación con temas como: la politización de los medios de comunicación, la transparencia de su propiedad y la independencia de los reguladores de dichos medios.
El acuerdo a la postura que se fijó en el Consejo, se traduce en que los Estados miembros decidieron aplicar de forma más amplia los nuevos requisitos de transparencia tras la legislación propuesta por la Comisión Europea el 16 de septiembre de 2022, con la intención de introducir salvaguardias contra la interferencia política, la concentración de los medios y proteger a los periodistas y sus fuentes contra la vigilancia. (Infobae).