Los grandes ingresos que recibió el país por la venta de recursos naturales, principalmente por el gas natural, generaron para el Estado un período de bonanza que duró hasta el año 2014, ciclo que es irrepetible; pero adoptar políticas inadecuadas y postergar la atención de problemas del modelo del Gobierno provocaron un deterioro de la economía, principalmente a partir de 2015, según el reciente informe de la Fundación Jubileo.
El mencionado informe (Nº 45 junio 2023) al referirse a los desequilibrios macroeconómicos identifica dos aspectos principales: por un lado, el gasto público se incrementó en forma constante, hasta niveles demasiados altos que, finalmente, se reflejaron en profundos déficits fiscales (más gastos que ingresos), y consecuente endeudamiento.
A pesar de que los ingresos del sector hidrocarburos cayeron desde 2015, el Gobierno continuó con la expansión del gasto, a partir de un mayor y acelerado endeudamiento, en el marco de su política o modelo de estimular la demanda interna a través del gasto.
Por otro lado, desde 2011, el tipo de cambio (dólar) se halla congelado y, en general, se han registrado déficits en la balanza comercial (importaciones mayores que las exportaciones) que, sumado a otros factores, derivaron en una constante caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN) del país.
Esta situación se ha agravado con la caída de la producción y exportación de hidrocarburos (por falta de inversiones en el sector), y el incremento de la importación de diésel y gasolina de los últimos años.
El 2014, cuando se llegó al pico de la bonanza, el Estado disponía de Reservas Internacionales Netas (RIN) de más de 15.000 millones de dólares. Desde entonces la caída ha sido precipitada y según el reporte oficial a febrero de este año, las RIN estaban en $us 3.538 millones, con tendencia a seguir bajando.
Estos desequilibrios macroeconómicos son facturas pendientes, porque son problemas generados desde hace varios años que no fueron resueltos. Son resultado de las políticas aplicadas en el marco del modelo del Gobierno, problemas que han sido postergados y que ponen en riesgo la estabilidad económica.
Jubileo sostiene que la descomposición no empezó ayer y se ha llegado a una situación extrema que demanda cambios urgentes, los que debieron aplicarse oportunamente; por lo que, hacia delante, se tiene un desafío muy complejo que será difícil de resolver en el corto plazo, pero que las autoridades deberían afrontarlo en el marco de la responsabilidad, a partir de un sinceramiento sobre la verdadera situación.
POLÍTICAS INADECUADAS PARA SECTOR PRODUCTIVO
Asimismo, sostiene que además de los desequilibrios macroeconómicos, el modelo o políticas implementadas no dieron resultados en términos de lograr un desarrollo productivo y sostenible.
A pesar de la gran oportunidad que significó el período de bonanza, no se ha constituido una economía productiva y diversificada que involucre procesos de transformación o industrialización y generación de empleo formal.
La dinámica se resumió fundamentalmente en captar la renta generada por la explotación de recursos naturales (como el gas) e inyectarla a la economía a través del gasto; lo que, a su vez, generaba un movimiento económico de sectores principalmente informales, como comercio, servicios y construcción. Esta práctica de incrementar el gasto y la demanda se mantuvo tanto mientras se contaba con grandes ingresos provenientes de la renta extractiva, pero también cuando estos cayeron, a través de mayor endeudamiento.
Por el lado de la oferta o de la producción, la apuesta estuvo básicamente orientada a las empresas públicas, varias de ellas cuestionadas por sus resultados y, peor aún, las inversiones en esos proyectos fueron con recursos estatales que, además, disminuyeron las Reservas Internacionales del país.
En cambio, las condiciones para el productor nacional (no estatal) han sido y son adversas respecto a la seguridad jurídica y clima para las inversiones, las pesadas cargas y regulaciones laborales y tributarias, así como el actual tipo de cambio congelado que resta competitividad a la producción de bienes (transables).
Jubileo señala que bajo el actual tipo de cambio congelado (Bs 6,96 por $us 1) los productos extranjeros –importados y de contrabando- han estado relativamente más baratos que la producción nacional.
Tampoco fueron adecuadas las políticas en los sectores estratégicos de la economía, como hidrocarburos, lo que finalmente dio como resultado la caída de la producción. La falta de inversiones en el sector resultó en una reducción de las reservas y el agotamiento de los principales campos hidrocarburíferos, lo que explica, la caída en la producción de gas en los últimos años. Al efecto, el país estaría pasando de ser exportador a ser importador de hidrocarburos desde la gestión 2022. Las compras de diésel y gasolina importadas serían mayores al monto que recibe por la venta/exportación de gas.
Como resultado del modelo aplicado por el Gobierno y las políticas correspondientes, el aparato productivo fue y es muy limitado; y ahora el Estado se encuentra con recursos muy disminuidos y con una elevada deuda pública.
En este marco, el país ha transitado de un momento de bonanza a un periodo de desaceleración, con un constante deterioro económico, no resuelto oportunamente.
En ese marco, la Fundación Jubileo puntualiza que, en principio, la bonanza no fue resultado del actual modelo, esta tiene como antecedentes haber desarrollado, a través de inversiones previas, considerables reservas de gas a disposición; los contratos de exportación a Brasil y Argentina; la construcción de infraestructura como el gasoducto y otros, lo que luego coincidió con un incremento del precio de los recursos naturales en el mercado internacional.
PERSPECTIVAS
Ante este panorama, Jubileo plantea que para la solución de un problema se debe partir de la identificación de las causas, por lo que es pertinente aseverar que la situación crítica a la que ha llegado el país se fue gestando durante mucho tiempo, como efecto de las políticas públicas implementadas.
La situación actual no es resultado del contexto internacional. Si bien se han producido diferentes acontecimientos en el ámbito mundial, en general, para Bolivia, básicamente los canales de transmisión son los precios de las materias primas, los cuales han sido relativamente altos en los últimos años; por lo que, en realidad, el momento actual podía haber sido favorable para el país.
Las políticas o el modelo aplicado desde hace 17 años eran insostenibles, pero el Gobierno lo ha mantenido a costa de mayor deuda y caída de las reservas del país. La atención oportuna a estos problemas macroeconómicos pasó entre los años 2015 y 2018, cuando aún se disponían de importantes reservas internacionales.
Más allá de lo económico, la principal preocupación también es social, por el riesgo de los retrocesos en términos del empleo, el poder adquisitivo de la población y la reducción de la pobreza.
¿Dónde queda la responsabilidad de las autoridades que durante años han visto venir esta situación, la que se ha advertido en forma persistente?
Nunca debió haberse llegado a esta situación límite. El daño ya está hecho, con los impactos socioeconómicos que traerán consigo. Fueron políticas inadecuadas y problemas postergados, que afectan y afectarán profundamente la calidad de vida de la población.
¿Y cuál es el plan del gobierno? El primer paso debería ser un sinceramiento sobre la situación para generar un clima de confianza y calmar las expectativas. Pero plantear más empresas públicas o plantas no parece ser una alternativa viable y adecuada. No se tienen los recursos para esto, además que no se puede resolver el problema con las mismas políticas que contribuyeron a generarlo.
La situación demanda un plan económico de emergencia, que aborde los problemas o desequilibrios de fondo que se arrastran por tantos años y que, a partir de un sinceramiento sobre las limitaciones actuales del Estado, se generen políticas de desarrollo, orientadas hacia el productor nacional, más allá del actor estatal. Se trata de generar alternativas para cambiar un modelo agotado y sin resultados sostenibles en el tiempo.
Por otro lado, para el complejo momento se requieren recursos que en la actualidad el Estado no dispone. Sin embargo, el país ya presenta niveles elevados de endeudamiento, por lo que será fundamental precautelar que el recurrir a nuevos créditos no sea para seguir postergando los problemas, sino que permita sostener los ajustes para corregir los profundos desequilibrios.
Asimismo, enfatiza que el seguir endeudando al país y vender el oro de las reservas sin resolver los temas críticos, significa aplazarlos y hacerlos más grandes.
Las decisiones sobre el endeudamiento están en manos de los diferentes actores; en principio, el Gobierno Central, que gestiona, y los asambleístas nacionales, quienes aprueban los créditos externos a través de leyes; pero también los organismos financiadores que deben evaluar la pertinencia de los créditos, la finalidad y la capacidad de pago.
Afrontar estos problemas, que no empezaron ayer y no se resolverán de inmediato, requiere la decisión de realizar ajustes y reformas en otra dirección. La negación de la realidad ante las evidencias y la promoción de la conflictividad, obstaculizan las posibilidades de solución. Es necesario un diálogo abierto y sincero, que conduzca a una concertación nacional, finaliza el informe.
