El excanciller y exalcalde de La Paz, Ronald MacLean Abaroa, manifestó que el Movimiento al Socialismo (MAS) es un cáncer que ha hecho del país un cuerpo estatal sin reacción frente al narcotráfico, corrupción, trata de personas y tráfico de armas.
“El MAS es un cáncer que ha hecho del país un cuerpo estatal sin reacción frente al narcotráfico, frente a la corrupción, trata de personas y el tráfico de armas; ha destrozado el trato civilizado haciendo de Bolivia un aliado de los parias de la historia como Rusia, Irán y Corea del Norte”, dijo.
En esa línea, en un diálogo difundido en sus redes sociales, MacLean, respaldó el criterio del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien planteó la necesidad de retornar a la república, para mantener la unidad de los bolivianos y para sustituir el “fallido” Estado Plurinacional.
Aseguró que “somos república y tenemos que volver a ser una república moderna, con tecnología, capitalismo popular, donde el individuo sea el centro de nuestra preocupación y todos sean iguales ante la ley” sin necesidad de preferencias a las étnicas.
Recordó que la ola mundial se encamina hacia las sociedades modernas, donde el sistema económico indudablemente es el más eficiente y que el provee prosperidad, rechaza el Estado Plurinacional como el caso de Chile que ha visto la evidencia de Bolivia.
MacLean advirtió que Bolivia está en la cuenta regresiva para adecuarse a la tecnología y si no se reencamina a la tendencia mundial, esta agonía puede durar mucho tiempo y puede ser muy dolorosa.
“Si el MAS continúa en el poder el 2025, Bolivia se va a convertir en la Afganistán del continente y en un foco de subversión, corrupción, narcotráfico y crimen organizado”, dijo.
Advirtió que si Bolivia se convierte en lo antes mencionado, se pondrá en riesgo la integridad del país porque nos van a invadir. “Si nos convertimos en el cáncer que está desprendiendo células cancerígenas, eso nos va a pasar y vamos a perder Bolivia”, dijo desde Maryland, EEUU.
Afirmó que, si no se corrige y si el narcotráfico se convierte irreconciliable, las fuerzas de la violencia tomarán el camino y tendremos ejércitos combatiendo en forma abierta y Bolivia será un campo de batalla y “vamos a terminar dividiendo Bolivia en cinco a 10 años o menos”.
FRACASO DE LAS FUERZAS ARMADAS
En ese marco hizo un llamado a las Fuerzas Armadas porque “si bien los políticos han fracasado, lo más fracasados son las Fuerzas Armadas porque no hay fuerza coercitiva que haga respetar la democracia contra la insurgencia y la subvención.
“Las FFAA no asustan a nadie, no respetan la Constitución, no la hacen cumplir y más bien los pobres militares que han cumplido con su deber están presos y nadie los reclama y los policías que se han pasado (el 2019) a lado de la gente, están castigados. Los militares y policías corruptos y obsecuentes, están en el poder”, agregó.
CORRUPCIÓN
Al menos cinco casos de corrupción y narcotráfico se comprobaron en el gobierno de Luis Arce. La crisis del Banco Fassil, el caso “coimas” en el Ministerio de Agua y Medio Ambiente, el “narcovuelo” con el transporte de 478 kilos de droga desde Bolivia a España, las recientes denuncias de corrupción en el Viceministerio de Coca y la denuncia contra Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos por la “sobredemanda y sobreprecio” de carburantes.
Los escándalos estallaron uno tras otro o sobrepuestos, lo que demuestra que el Gobierno “ha entrado en decadencia. Los fundamentos primigenios de la revolución ya no existen, y hoy por hoy, el MAS es una fuerza contrarrevolucionaria”, dijo el analista Franklin Pareja a la ANF.
El 26 de abril de este año, la Autoridad del Sistema Financiero (Asfi) intervino el Banco Fassil, al haber incurrido en la causal establecida en el inciso a) artículo 511 de la Ley de Servicios Financieros.
Esa entidad financiera empezó a presentar problemas cuando restringió el retiro de depósitos a sus ahorristas, los “rumores” corrieron respecto a una supuesta quiebra, cosa que fue negada por el banco y la Asfi dijo que cumplía un plan de regularización y no había riesgo en los ahorros.
Una serie de irregularidades se detectaron tras la intervención, las críticas salpicaron al Gobierno por no haber asumido -a través de la Asfi- medidas mucho antes, toda vez que el presidente Luis Arce admitió que conocía de los problemas desde 2019.
Personas de no más de 20 años habían adquirido préstamos millonarios sin tener la solvencia para responder por los créditos adquiridos. No obstante, el sistema financiero es estricto cuando califica a un cliente para acceder a un préstamo, lo que no ocurrió en el Banco Fassil. Ejecutivos de esa entidad están detenidos en la cárcel.
La muerte del interventor Carlos Alberto Colodro, abrió un frente de desconfianza sobre el manejo de este tema. El 27 de mayo, su cuerpo fue encontrado en el piso fuera del edificio Ambassador, en cuatro días el Gobierno concluyó que fue un “suicidio”, en medio de cuestionamientos a la investigación que debería realizar la Fiscalía.
COIMAS
El 7 de mayo de 2023 estalló el presunto cobro de “coimas” que el exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, instruyó a su excolaboradora, quien también era la recaudadora. De acuerdo a la denuncia, la exautoridad recibió por los cobros al menos 19 millones de bolivianos.
“Apenas asumió el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en noviembre de 2020, me ofreció una dirección y me pidió que me encargue de ‘negociar’ las obras. Desde aquella fecha, hasta enero de 2023, cálculo que recaudé alrededor de 19 millones de bolivianos en coimas para el ministro”, dijo la exfuncionaria.
El caso ha salpicado al viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Carmelo Valda, quien, al igual que Juan Santos Cruz, fue enviado al penal de San Pedro con detención preventiva.
IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLE
Los exministros Carlos Romero y Teresa Morales, denunciaron al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
Denunciaron la compra de diésel con un supuesto sobreprecio de $us 723,4 millones por parte de YPFB a una empresa chilena mediada por Trafigura. Morales, explicó que recabó información de la Aduana en la que se evidencia que el precio del kilo de diésel adquirido por YPFB es mayor en 30% respecto al mismo combustible comprado por empresas mineras en el país.
Detalló que la empresa chilena Cope, mediante Trafigura, comercializó el diésel a YPFB en $us 2,10 el kilo precio FOB, mientras que a la empresa minera San Cristóbal se le vendió en $us 1,48. “La diferencia es de 0,62 dólares por kilo, es 29%, casi 30% de sobreprecio”.
“¿A santo de qué compra a semejante diferencia (el diésel) el mismo día, por la misma frontera? Pueblo de Bolivia, nos están robando, se están embolsillando 700 millones de dólares que le hacen falta a este país”, denunció la exautoridad.
VICEMINISTERIO DE COCA
Los dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) Omar Ramírez y Humberto Claros denunciaron, el pasado 12 de junio, que, en el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, dirigido por Arlen Lovera, opera una red de corrupción en las donaciones de coca.
Ramírez explicó que mensualmente esa presunta red generaría, para su propio beneficio, alrededor de Bs 150.000 por la venta de 100 taques de coca, aproximadamente. Los principales implicados serían: el mismo viceministro; el ejecutivo del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay), Ernesto M.; y la señora Naftha L. Otmar G., quien presuntamente sería funcionaria pública del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA).
Los dirigentes señalaron que en esa supuesta red no aparece directamente el representante de Cofecay que operaría con el viceministro, sino a través de otras personas quienes solicitan coca a nombre de diferentes organizaciones sociales, pero que no les llega el producto.
Tras la denuncia de presuntas irregularidades en el manejo de donaciones de la hoja de coca en el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzáles, pidió investigar este caso a la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
NARCOVUELO
Hasta la fecha no hay ni un “pez gordo” ni los autores y dueños de la millonaria mercancía en cocaína que salió desde el aeropuerto de Viru Viru, Santa Cruz y que, el cargamento fue intervenido en el aeropuerto de Barajas, Madrid, en el mes de febrero.
En el aeropuerto español, los funcionarios observaron la presencia de doce bultos que no habían sido declarados en el momento de embarque y salida de la aeronave en origen, conteniendo todos ellos unas tabletas cuadrangulares envueltas en plástico film. Tras una prueba dio positivo a cocaína.
La droga no solo tenía procedencia de Bolivia, sino que el transporte fue en un vuelo de Boliviana de Aviación (BoA), es decir la empresa estatal quedó vinculada al tema. Según expertos o había cómplices o los narcotraficantes “burlaron” los sistemas de seguridad en Viru Viru.
Una facción del MAS y la oposición sostienen que existió “complicidad” y “encubrimiento” del Gobierno por esa razón los únicos detenidos son trabajadores de bajo rango tanto de BoA, Naabol, además de un efectivo, sin embargo, todos responden a una cadena de mando. Los directores regionales solo fueron desvinculados.
¿Quiénes eran los dueños de la mercancía? ¿Quiénes despacharon 478 kilos de droga y nadie se dio cuenta? ¿Realmente una niña era la receptora en España, o es parte de la estrategia que usan los narcotraficantes? Estas preguntas aún no tienen respuesta.
Otros casos irregulares también se detectaron, por ejemplo, el presidente Arce regaló al Conamaq un vehículo, pero el motorizado había sido robado en Chile; una legisladora opositora develó otro caso similar, un vehículo robado en ese país era usado por el Legislativo.
