Después de cuatro años de haberse presentado una apelación, ante una sentencia mal dada por un tribunal de Sacaba, en el caso del feminicidio de Roxana V., un tribunal de alzada se pronunció, admitió que los jueces no hicieron un buen trabajo e instruyó un reenvío de la causa.
El nuevo juicio debía comenzar ayer, pero, el acusado y su abogado no se presentaron por un problema de salud y se fijó como nueva fecha el 4 de julio. Sin embargo, por el tiempo transcurrido, el hallar a los testigos se ha dificultado para la parte acusadora.
EL CASO
El año 2018, Ever R. M. mantenía dos relaciones amorosas y embarazó a ambas mujeres al mismo tiempo. Una de ellas era Roxana V., de 23 años. En febrero, Ever intentó obligar a Roxana a abortar a su bebé, de cuatro meses de gestación, obligándola a tomar café con pastillas abortivas. La joven fue hospitalizada y los médicos lograron salvar a la criatura.
El 20 de abril de 2018, Ever buscó a Roxana y le propuso que lo acompañara a un viaje al Trópico. Ella aceptó y, en el trayecto, empezaron a discutir. Él la estranguló usando la parte interna de su codo sobre su cuello y luego arrojó el cadáver cerca de un río, en la zona de Chacacollo, Sacaba.
Durante el primer juicio, en Sacaba, Ever negó la tentativa de aborto, pero admitió el crimen y quiso justificarlo diciendo que Roxana lo había golpeado primero, que él se enfureció y le apretó el cuello “hasta desmayarla”.
Pese a las 32 pruebas presentadas y a que la Fiscalía lo acusó formalmente por el delito de feminicidio, el Tribunal de Sentencia de Sacaba, presidido por David Gamón Nicolás, decidió condenarlo a solo seis años de cárcel, cambiando la tipificación del delito a homicidio culposo, argumentado que obraba así bajo el principio de “iura novit curia”, que se refiere a que las partes le llevan hechos y los jueces aplican el derecho.
Poco después, el condenado fue beneficiado por el Tribunal de Sentencia 6 con una detención domiciliaria, gracias a que su condena no estaba ejecutoriada y a la Ley 1173, que le abrió las puertas de las cárceles a decenas de feminicidas, violadores y criminales sentenciados en Bolivia.
En mayo de 2021, Ever aprovechó estos beneficios para vulnerar las restricciones, visitar una casa de familia, donde fue acusado de violar a una adolescente de 13 años. El acusado fue aprehendido por la Policía entonces.
El Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres y la Fiscalía apelaron la sentencia, en septiembre de 2019. Un Tribunal de Alzada revisó el expediente y se pronunció años después, debido a la enorme mora judicial.
En esta revisión, se verificó que hubo, de parte de los jueces de Sacaba, una omisión de fundamentación, además de una errónea valoración de las pruebas y, al tratarse de defectos insubsanables, instruye el reenvío de la causa. Es decir, el inicio de un nuevo juicio oral, esta vez en un Tribunal de Cercado.
“Había 32 pruebas. La historia clínica y los testigos demostraban la tentativa de aborto. Los jueces de Sacaba, decían que las pruebas testificales eran vitales, pero se contradecían después, argumentando que no establecían hechos probados. Ahora, un Tribunal de Alzada ha encontrado que los jueces de Sacaba han incumplido con la normativa del debido proceso, que se ha vulnerado los derechos de las víctimas y que no se valoraron las pruebas. Al final, pese a la acusación de feminicidio, el Tribunal de Sacaba recalificó este delito y lo cambió a homicidio culposo, aborto culposo y omisión de socorro, dictando una sentencia de una pena máxima de 6 años de cárcel”,. detalló la abogada del Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortez.
Lamentablemente, las circunstancias para efectuar un nuevo juicio, después de cuatro años, han cambiado. Los testigos han cambiado de domicilio, se han jubilado, ya no trabajan como funcionarios y no se sabe de su paradero. Los parientes de Roxana V. también están trabajando en el campo, en zonas muy alejadas.
“Esta demora en el reenvío de la causa afecta los derechos de las víctimas porque vamos cojos, sin alas, a medias. Tenemos la prueba documental, pero necesitamos la prueba testifical. Por ello queremos un plazo mayor para encontrar a los testigos y solicitar que las autoridades nos ayuden a buscarlos, para llevar el juicio como corresponde, y que el nuevo Tribunal sorteado pueda tener acceso a todas las pruebas. El juicio debía empezar hoy, 26 de junio y lo reprogramaron para el 4 de julio, pero no es suficiente para hallar a los testigos”, explicó Mercedes Cortez.