Freddy Villca Vasquez
En Bolivia la violencia contra la mujer es un problema estructural, no distingue edades, clases sociales, culturas, ni niveles académicos. Pese a que el Estado boliviano ha logrado importantes avances legislativos en materia de derechos humanos y en la lucha contra la violencia, las cifras muestran el aumento de la violencia contra la mujer y también contra varones en la escuela, la universidad y el trabajo.
La Encuesta de Prevalencia y Características de la Violencia contra la Mujer (EPCVcM) realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2016, muestra lo siguiente: 75.9% de las mujeres afirman haber sido víctimas de violencia psicológica; 22,9% víctimas de violencia física y 32,1% víctimas de violencia sexual. En la presente gestión, de enero al cinco de junio, hubo 114 denuncias de acoso, mientras que en seis meses de 2022, las denuncias llegaron a 72 casos.
Con relación a mujeres que sufren violencia en el ámbito educativo, la EPCVcM, revela que de 3.349.160 mujeres que asisten o asistieron a un centro educativo (colegio, instituto o universidad), un 65% fue víctima de algún incidente violento durante su vida estudiantil, ejercido por personal administrativo, docentes o compañeros de estudio. En el área rural aumentó el porcentaje de mujeres en situación de violencia en el ámbito educativo, con 69,7%; mientras que el área urbana se encuentra por debajo de la media nacional, con un elevado porcentaje que alcanza el 63,2%.
El acoso sexual es una de las formas de violencia de género y está directamente relacionado con la situación desigual de poder social, político y económico que hay entre hombres y mujeres. En Educación Superior, es frecuente escuchar sobre situaciones de acoso sexual, pero prevalece la impunidad.
Muchas de las denuncias hechas por las víctimas, son atendidas por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), donde los supuestos responsables de acoso, llegan a ser procesados penalmente, pero continúan dando clases en la misma carrera donde fueron denunciados o simplemente cambian de carrera o de universidad. Al mantenerse en el mismo sistema de educación pública, generan riesgos de futuras víctimas.
En las universidades bolivianas, el acoso sexual es un problema muy poco atendido. En la actualidad las acciones iniciadas van en respuesta a las denuncias públicas que han visibilizado la falta de mecanismos para afrontar este asunto. El Sistema universitario, representado por el Comité Ejecutivo de Universidades de Bolivia (CEUB), ha incorporado dentro de su plan nacional líneas estratégicas para “Promover una Universidad Inclusiva, de equidad y respeto a los derechos humanos”. Se trata de crear observatorios institucionales de derechos humanos, equidad de género y personas con discapacidad, que no han sido implementados en su totalidad. En el reglamento de procesos universitarios se ha tipificado el acoso sexual como conducta inmoral, sancionado como falta grave; sanción que aún carece de rutas para prevenir o sancionar algunos casos denunciados en instancia pública y hasta en medios de comunicación.