En nuestro país, en muchos años, han sido innumerables las obras prometidas por los gobernantes de turno para beneficio de las poblaciones del territorio nacional. Sin embargo, lamentablemente, muchas de esas ofertas no han sido cumplidas o, en otros casos, por ejemplo, varias edificaciones y caminos entregados al poco tiempo mostraron deterioro, debido a deficiencias técnicas, material de mala calidad o sobreprecios a favor de quienes hacían las adjudicaciones de obras.
No obstante, siempre es necesario retomar las obras que han sido pedidas por regiones que requieren mejorar sus condiciones de vida e ingresar al proceso de desarrollo. Varios proyectos importantes que datan de muchos años han sido pospuestos, solo porque algunas autoridades consideraron que “habían perdido actualidad”, cuando la realidad nos hizo ver, poco después, que no fueron llevados adelante solamente por lenidad, descuido y hasta corrupción de funcionarios que tenían el deber de trabajar inmediatamente después de ser aprobados los planes formulados para beneficio de regiones de los nueve departamentos.
Al respecto, créditos aprobados para esas obras fueron pospuestos bajo el pretexto de que ya no eran necesarias, actitud que impidió que alcaldías y gobernaciones recibieran recursos económicos para solventar trabajos iniciados y que por falta de financiamiento oportuno quedaron abandonados. Es decir que por la irresponsabilidad funcionaria se pospuso lo que debió estar avanzado.
Lo grave e irresponsable es que no han avanzado muchas obras que hubieran conectado zonas productoras con mercados internos. Por otra parte, las empresas encargadas de esas obras poco pudieron hacer frente a la burocracia estatal.
Sobre el tema, han quedado muchas preguntas sin respuesta. Pero lo más importante es retomar la atención a obras de urgencia para hacer realidad la tan publicita reactivación económica, pero evitando que malos funcionarios incurran en corrupción, particularmente cuando se trata de adjudicaciones de obras. En ese sentido, no se debería perder créditos y hasta donativos para lograr avances importantes. Además, corresponde que los organismos gubernamentales encargados de controlar el buen uso de los recursos económicos nacionales realicen auditorías para establecer el estado de obras realizadas o por realizar en por lo menos los últimos veinte años. No hacerlo, significará que sigue el “dejar hacer y dejar pasar”, práctica que caracteriza al sector público hasta ahora.