Son varios los artículos (21, 25, 75, 106, 137, 237, 242 y otros) de la Constitución Política del Estado que se refieren al derecho a la información y de forma implícita es considerada como un derecho fundamental, donde se garantiza a todas las personas el acceso a la información generada o en posesión del Estado, sin necesidad de acreditar interés específico. Además, establece la obligación de los servidores públicos de proporcionar información a los ciudadanos y de publicar la información de carácter público de manera proactiva, transparente y accesible.
Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es un tratado internacional ratificado por Bolivia, también aborda el derecho al acceso a la información. Si bien la Convención no menciona explícitamente el acceso a la información, el derecho a la libertad de expresión consagrado en su artículo 13 incluye el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin considerar fronteras y por cualquier medio de expresión.
En la era digital en la que vivimos, el acceso a la información se ha convertido en uno de los pilares fundamentales para el desarrollo y empoderamiento de una sociedad. La capacidad de acceder a datos, conocimientos y noticias en tiempo real ha transformado radicalmente la forma en que nos informamos y participamos en el mundo que nos rodea. Sin embargo, el acceso a la información no es solo un privilegio, sino un derecho fundamental que debe ser garantizado para todos los ciudadanos.
El acceso a la información es esencial para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno. La disponibilidad de datos y registros públicos permite a los ciudadanos supervisar las acciones de sus representantes y funcionarios, y así asegurarse de que sean tomadas decisiones de manera justa y equitativa. Además, la información accesible promueve la participación ciudadana y el involucramiento en la toma de decisiones, ya que solo cuando los ciudadanos están debidamente informados pueden contribuir de manera efectiva en los debates públicos.
También, el acceso a la información es fundamental para el desarrollo económico y social de una sociedad. La disponibilidad de datos e investigaciones científicas permite a los emprendedores y empresas tomar decisiones informadas, identificar oportunidades de mercado y mejorar sus productos y servicios. De igual manera, el acceso a la información educativa y cultural abre las puertas al conocimiento y a la formación integral de las personas, fomentando así el crecimiento personal y la movilidad social.
No obstante, el acceso a la información no está exento de desafíos y obstáculos. En muchos países, como en el caso de Bolivia, la censura y la restricción de contenidos son prácticas comunes que limitan el acceso a la información veraz y objetiva. La manipulación de la información con fines políticos o económicos también plantea un peligro para la libre circulación de ideas y opiniones. Es perentorio que los gobiernos y las instituciones defiendan y promuevan la libertad de expresión y el acceso a la información, garantizando así una sociedad plural y democrática.
Por otra parte, la brecha digital sigue siendo una realidad que afecta a millones de personas en todo el mundo. Aunque Internet ha democratizado el acceso a la información en muchos aspectos, aún existen comunidades alejadas que carecen de conexión a la red y, por lo tanto, se ven privadas de los beneficios que esta ofrece. Es responsabilidad de los gobernantes trabajar para reducir esta brecha y asegurar que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades para acceder a la información y beneficiarse de ella.
El acceso a la información es un derecho humano esencial y fundamental que impulsa la transparencia, la rendición de cuentas, el desarrollo económico y el crecimiento personal. Es responsabilidad de los gobiernos, las instituciones y la sociedad en su conjunto garantizar que este derecho sea protegido y promovido. En un mundo cada vez más interconectado, el acceso a la información es la clave para una sociedad empoderada y preparada para enfrentar los desafíos del Siglo XXI.
El autor es Politólogo – Abogado y Docente Universitario.