Anuncian juicio de responsabilidades para Arce por restitución de Ministro

Argumentando que el primer mandatario incurrió en el delito de resoluciones contrarias a la Constitución por restituir en el cargo a un Ministro censurado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), miembros de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) presentaron una proposición acusatoria para iniciar un juicio de responsabilidades contra el presidente del Estado, Luis Arce Catacora.
En representación de la principal fuerza de oposición en el Parlamento, el diputado Enrique Urquidi señaló que esta acción responde a la burla y desprecio demostrado por el primer mandatario a la labor fiscalizadora de la ALP.
“Como ya se anunció días atrás, esta proposición es el efecto del atropello y el desconocimiento a la Asamblea Legislativa Plurinacional en sentido de censurar al ministro Del Castillo, decisión que fue burlada por el presidente Arce al ratificar a este servidor público”, dijo.
Urquidi precisó que la acción presentada busca que se respete la institucionalidad de la Asamblea Legislativa, además de exigir al presidente Arce cambiar de actitud si no quiere enfrentar este y otros posibles procesos por desconocer las prerrogativas constitucionales de la ALP.
El legislador de oposición además indicó que los delitos denunciados en la proposición acusatoria tienen que ver con “resoluciones contrarias a la Constitución y nombramientos ilegales”, esto tras la destitución del funcionario censurado y su posterior restitución en el cargo.
En ese contexto y citando el artículo 158 del texto constitucional, Urquidi reiteró que la censura de un ministro conlleva su inmediata destitución y es en ese marco que se oficializó la proposición presentada.
“Hay una sentencia constitucional y un proyecto de ley presentado por el propio Gobierno en el que se establece que una autoridad censurada no puede ser ratificada en el mismo cargo, que es precisamente lo que se ha hecho. Ha borrado con el codo lo que se escribió con la mano y ese es otro elemento que evidencia los delitos denunciados”, afirmó el legislador.
Por su parte, la diputada Luisa Nayar cuestionó que las acciones del presidente estén destinadas a proteger el cargo de un ministro observado no solo por la oposición política sino por la población y países vecinos que reportan hechos de corrupción relacionados con el tráfico y comercialización de vehículos robados en su territorio.
“Debemos darle un mensaje al presidente Arce y a sus personeros que fungen cargos en distintos ministerios (…). Este juicio de responsabilidades encomendado por la población mediante su representación parlamentaria debe avanzar”, dijo Nayar.
Urquidi finalizó señalando que la proposición acusatoria fue presentada ante la Fiscalía, instancia que se encargará de hacer las respectivas investigaciones para posteriormente solicitar, mediante el Tribunal Supremo de Justicia, la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional para el inicio de un juicio.
El pasado 27 de junio, tras una sesión plenaria de la ALP convocada para interpelar al titular de la cartera de Gobierno, Eduardo del Castillo, en relación al tráfico de vehículos robados en Chile, encuentro que se extendió por más de 7 horas, parlamentarios de oposición y oficialismo votaron a favor del Orden del Día Motivado, determinando la censura del funcionario. (De 144 votos, 101 por el sí, 42 por el no y 1 en blanco).
“De acuerdo a la votación de 2/3, la Asamblea resuelve por el Orden del Día Motivado, que implica la censura al Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, después de su interpelación. Remítase a conocimiento del Órgano Ejecutivo”, sostuvo el presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, antes de dar por finalizada la sesión.
Dos días después y luego de derogar el Decreto Supremo de designación, el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, restituyó a la autoridad en el cargo. El hecho fue considerado por la oposición como un acto de desmerecimiento a la labor del Parlamento.
Arce justificó su determinación en lo estipulado por el texto constitucional en su artículo 172, sobre las atribuciones del Presidente, asegurando que no existen normas vigentes que le impidan designar a sus colaboradores. Asimismo, cuestionó los supuestos intentos de desestabilizar su gestión desde la Asamblea Legislativa.
Desde la oposición, se calificó la restitución como una señal de la falta de respeto que el Ejecutivo tiene al trabajo fiscalizador de la ALP y la consolidación de la ruptura interna en el Movimiento al Socialismo, adelantando más rencillas entre los bloques del partido azul.