sábado, julio 6, 2024
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Comisión del Senado investigará denuncias por casos de pederastia

Mediante una resolución camaral, el pleno del Senado conformó una Comisión Especial de investigación sobre delitos de abuso sexual a menores, así como otras denuncias relacionadas con violencia sexual ocurridos en entornos eclesiales. Desde la oposición se lamentó la falta de garantías para el trabajo imparcial e independiente de esta instancia.

Mediante una votación por escrutinio, la referida Comisión quedó conformada por los senadores Luis Adolfo Flores, Simona Quispe y William Torrez del Movimiento al Socialismo y Julio Diego Romaña de la agrupación Creemos, en tanto que, la bancada de Comunidad Ciudadana decidió retirar a su representante.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, pidió que se pueda investigar y sentar precedentes para esclarecer hechos y encaminar objetivos para alcanzar una reparación civil, moral y material para las víctimas. “Debemos abrir un debate más integral, si se trata de un proyecto de ley, hay que hacerlo; si se trata de reformar la CPE para endurecer las penas en mi opinión, hay que hacerlo”, dijo.

Desde Comunidad ciudadana, el senador Fernando Vaca cuestionó los criterios políticos aplicados para la conformación de este grupo, señalando que no se garantizan las condiciones para un trabajo objetivo e imparcial.

“No existen las condiciones logísticas ni materiales para que esta comisión pueda constituirse y realizar ese tipo de investigación, por lo menos para escuchar a las víctimas. Es posible que por la misma conformación política esto termine politizándose a favor de unos y en contra de otros”, dijo.

Vaca señaló además que, la posición de la principal fuerza de oposición en el Parlamento es que se debe llegar a establecer la verdad, generarse mecanismos de resarcimiento de daños y darse garantías de no repetición “pero a través de una comisión imparcial”.

La Comisión Especial de Investigación, de acuerdo con el numeral 4 de la resolución, llevará a cabo sus actividades durante un período de tres meses y sus acciones se regirán por el principio del interés superior de la niñez y adolescencia.

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