Luego de casi seis horas de audiencia cautelar de los 57 trabajadores mineros que fueron aprehendidos en los últimos días, acusados de explotación ilegal de oro, por determinación de un juez, 19 de los aprehendidos serán trasladados a la cárcel de Villa Busch, en Pando, por cuatro meses, mientras duren las investigaciones.
Entretanto, los otros 38 deberán cumplir detención domiciliaria por estar vinculados a la extracción ilegal de oro en el río Madre de Dios. Estas personas deben firmar asistencia ante los juzgados y tendrán salidas laborales.
El fiscal Tomás Choque informó que la autoridad jurisdiccional valoró los indicios presentados por el Ministerio Público para investigarlos por los delitos de explotación ilegal de minerales y tenencia, porte y portación ilícita de armas.
Asimismo, presentaron cuatro rifles que fueron encontraron en el lugar, un revólver, las dragas y todos los elementos, como el mercurio, que se empleaban para la extracción del mineral.
Los representantes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) R. L. expresaron su rechazo a la acción policial, asegurando que la actividad minera que se realiza en el río Madre de Dios es legal.
La defensa de las 19 personas que están detenidas preventivamente, dijo presentó el recurso de apelación tras considerar injusta la determinación judicial.
El pasado viernes, durante un operativo que efectuó la Policía Boliviana, encabezada por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, se destruyeron 27 dragas que eran usadas para la explotación de oro en el Río Madre de Dios. Además, se aprehendió a 57 personas, afiliadas a la cooperativa Asobal.
Por otro lado, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) exige que se detenga a los verdaderos responsables de la minería ilegal, así como con los propietarios de las cooperativas mineras, pues los 57 aprehendidos en el río Madre de Dios sólo son trabajadores.
Mediante un comunicado exigen al Gobierno central, realizar un trabajo serio de investigación para identificar a los verdaderos responsables de la minería ilegal, así como del modus operandi de la minería ilegal, del cual el Gobierno no tiene control, menos sobre la contaminación con mercurio que está causando en los ríos, Territorios Indígenas y Áreas Protegidas.
Entretanto, continúan las medidas de presión con bloqueo de carreteras en los accesos al municipio de Riberalta, Beni; mientras que la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) R. L. ratificó el estado de emergencia a la espera de la liberación de las 57 personas aprehendidas en el río Madre de Dios.
Los dirigentes de la cooperativa, donde pertenecen los aprehendidos cuestionaron a las autoridades, manifestando que actuaron «muy arbitrariamente» y señalaron que la actividad minera es una de las formas de trabajo para las familias en Riberalta.