Sobre el aumento de pensiones

A tiempo de calificar como “mentiras gubernamentales y de la COB” la última medida aprobada por el Ejecutivo, el experto en pensiones Jaime Peña Cano, hizo conocer que “los afiliados a las AFPs, transferidos a la Gestora Pública de la Seguridad Social son dos millones 539 mil 641 personas, mientras el número de pensionistas sólo alcanza a 250.498 personas que en la actualidad cobran sus pensiones. Este aspecto es muy importante porque el Proyecto de Ley PL-395/22-23 establece sólo la modificación al Fondo Solidario, dejando de lado a 106.860 personas que también son pensionistas (42,7%); asimismo consigna solamente a 143.618 personas de la Pensión Solidaria (69,2%), en los hechos también dejando a un lado a 64.021 jubilados (30,8%) de las modalidades de pensión”.
Destaca que “es importante indicar que el gobierno y la COB acordaron los puntos siguientes: incrementar el límite superior de la Escala de la Pensión Solidaria de Bs 4.200 a Bs 5.000, y para el sector Minero Metalurgista de Bs 5.000 a Bs 6.000; incrementar el aporte patronal solidario; modificar el porcentaje de aporte nacional solidario; y establecer un límite de edad máximo para acceder a la jubilación (65 años). Como se verá -prosigue-, este proyecto fue acordado con solo el 30% de la población aportante que representa la COB, siendo los beneficios que van a su favor: el fondo solidario tiene ingresos directos como indirectos que fueron incrementados y otros que no se mantienen conforme a la Ley 065, siendo que para las empresas bolivianas el incremento del 0,5% de aporte al Fondo Solidario afecta a sus costos, porque el aporte de 3% es elevado y aumentando el 0,5% se vuelve insostenible, algo que encarecerá los productos bolivianos, siendo difícil que puedan competir con los del exterior”.
“El incremento del aporte al sector Minero Metalúrgico –sigue-, del 0,3% es un beneficio para el gobierno porque ahorra un 1,2% de aportes de cada trabajador de las empresas mineras Huanuni, ENAF, Karachipampa y otras, porque éstas pagan a sus trabajadores mediante planillas de pago, como cualquier otra empresa del país (Haber Básico, Bono de Antigüedad y otros) y por esa naturaleza deberían aportar conforme a lo establecido para la mayoría de las empresas bolivianas (3,5%) y no así como lo hace el gobierno en la actualidad (2,3%)”.
Explica que además de los aportes señalados, el Fondo Solidario también es financiado con el 20% de las Primas de Riesgo Común y Riesgo Profesional, disminuyendo sus ingresos a dichos riesgos en un 0,34%, quedándoles sólo el 1,37% para atender las pensiones de invalidez, accidentes de trabajo, muerte y funerales. Mientras el sector Minero Metalurgista tiene un incremento del 20% en relación con la gestión 2017 y pareciera que el mismo recibió más, lo que sin embargo no es así, pues desde la aprobación de la Ley 065 existió una diferencia a su favor de 1.100 Bs por 3 años, y Bs 800 por 9 años, lo que quiere decir que, haciendo un cálculo, una persona perdió en los 12 años Bs 136.500, y los jubilados por vejez 30.444 Bs, haciendo un total de más de 4.100 millones de bolivianos que perdieron ambos sectores.
Las aclaraciones de Peña Cano, experto en la temática, son amplias, incluso con una serie de cuadros técnicos, pero el limitado espacio nos impide reflejar todo, ante lo cual simplemente rescatamos lo más importante.