El Tribunal Tercero de Sentencia de Santa Cruz determinó ayer que los expedientes del caso del Banco Fassil sean devueltos a Santa Cruz, tras conceder la tutela de la acción de libertad que interpuso la defensa del expresidente de la entidad financiera, Ricardo Mertens, por la vulneración al debido proceso y sus derechos constitucionales.
«Esas vulneraciones y violaciones en el debido proceso que han sido efectuadas por el juez de la paz, han sido tuteladas por el Tribunal Tercero de Sentencia de Santa cruz. Al haberse anulado esta disposición ilegal, arbitraria y abusiva el tribunal de garantías dispuso la remisión de los cuadernos procesales a los jueces y a los fiscales de Santa Cruz, para que se continue de manera formal con todo el procedimiento», informó el abogado de Mertens, Robin Justiniano a la ANF.
La semana pasada, el juez Cuarto Anticorrupción de La Paz, Alejandro Gamboa decidió la acumulación de los casos investigados por legitimación de ganancias ilícitas, que se investigan en La Paz y Santa Cruz, a raíz de un recurso legal que presentó el Ministerio de Justicia y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi).
Anteriormente, el ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que el Gobierno garantiza el debido proceso y transparencia en toda la investigación del caso. Además, explicó que no ante la imposibilidad de llevar dos procesos por un mismo hecho, se solicitó la acumulación de las investigaciones.
«Como Ministerio de Justicia hemos presentado una excepción que tiene que ver con la imposibilidad de llevar dos juicios por los mismos hechos. Consideramos que los delitos más graves y las entidades que combaten la legitimación de ganancias ilícitas están en La Paz. No podíamos tener dos procesos, uno en La Paz y otro en Santa Cruz», manifestó.
Justiniano explicó que se identificaron varias irregularidades, inicialmente las notificaciones se realizaron a través de WhatsApp y no de manera personal, se impuso un abogado de oficio a Mertens, que pese a sus reclamos para que se convoque a sus abogados de confianza hizo caso omiso.
«Esta autoridad a momento de realizar la audiencia el 21 de julio y disponer la acumulación de los autos referidos, no se notificó de forma personal a los imputados, se notificó a través de WhatsApp siendo que ellos están detenidos en un recinto penitenciario. Además, que se impuso de forma obligatoria un abogado de oficio sin tomar en cuenta el reclamo del señor Mertens, que pedía que sus abogados de confianza estén presentes», expresó.
Justiniano afirmó que su cliente enfrenta dos procesos en la capital cruceña, la primera se inició el 19 de abril por delitos financieros por el que permanece con detención preventiva en la cárcel de Palmasola. El 27 de ese mes se abrió un segundo caso por legitimación de ganancias ilícitas, estafa agravada y enriquecimiento ilícito.
Dos meses después, en La Paz, se inició una investigación por legitimación de ganancias ilícitas, la denuncia fue presentada por el Ministerio de Justicia. Ese hecho fue cuestionado por el jurista porque se vulneró el principio de competencia, que el hecho se produjo en la capital cruceña y que los implicados residen en esa región.
«Pero esto va más allá, al iniciar el proceso penal en La Paz, la regla de competencia establecida en el Código de Procedimiento Penal establece que se debe respetar la jurisdicción, es decir que donde se llevó a cabo el hecho y los implicados viven en Santa cruz, por tanto, el caso debe quedarse en esta región. (ANF)