La Reforma Agraria cumple 70 años

Hace dos tercios de siglo, en la planicie de Ucureña, en el valle alto de Cochabamba, el gobierno del MNR dictó el Decreto-Ley de Reforma Agraria, hecho que originó gran optimismo en la población boliviana –especialmente en el campesinado– que confiaba en la solución de los problemas relacionados con el sistema de trabajo rural y ante todo que esas medidas sirvieran para hacer producir los campos sin trabajar, mecanizaran la agricultura y llenaran los mercados de consumo con productos nativos, etc.
El suceso provocó reacción positiva de la ciudadanía, aunque no así en el exterior del país, donde la nueva ley sufrió rechazo y críticas, aunque posteriormente, todos los países del continente aprobarían la aplicación de la reforma agraria, a fin de solucionar los problemas que causaban una agricultura atrasada.
Pero, pasados setenta años de la ley de Ucureña, ahora la población se hace preguntas diversas sobre si en realidad fueron solucionados los problemas de la tierra, del sistema de trabajo, si hay aumento de la producción agropecuaria, considerando, además, el asunto de la migración del campo a las ciudades y al exterior. En particular, la pregunta crucial es si realmente la agricultura ha pasado del régimen feudal al democrático. Igualmente, la ciudadanía se pregunta por qué la agricultura de la región andina del país está postergada, mientras en la región oriental los cultivos han pasado de los dos millones de hectáreas.
Esas y muchas otras preguntas se hacen los bolivianos con relación a la Reforma Agraria de 1953 y, al mismo tiempo, surge la pregunta sobre si el problema se va a seguir agravando o si recién va a dar los resultados que se esperaba, es decir, el aumento de la producción y no su descenso a niveles cada vez más ínfimos.
Esos problemas fueron enfocados en alguna forma por los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada y Evo Morales, pero, aparentemente, en vez de resolver esas dificultades, más bien las han agravado, profundizando la contrarreforma agraria iniciada en 1964. Es más, al presente es urgente que especialistas, entidades oficiales y organismos especializados enfoquen el asunto y detecten los defectos y los aciertos de la reforma de 1953, para poder salir así hacia una verdadera seguridad alimentaria, llenar los mercados nacionales con productos nativos y, en particular, poner fin a las importaciones oficiales, extraoficiales y, ante todo, eliminar el contrabando de alimentos que cruzan masivamente las fronteras con países vecinos, dando muerte a la agricultura nacional.
Entre algunos datos numéricos comparativos, se debe destacar que en valles y altiplano se ha dejado de cultivar más de medio millón de hectáreas, mientras que en Santa Cruz subió el área cultivada de 200 mil a 2 millones de hectáreas, y ha aumentado la producción de coca, como para hacer posible la elaboración de toneladas de cocaína para exportar a varios países.