Este epígrafe, que pareciera esconder una tautología o una redundancia, retrata fielmente el fenómeno que viene ocurriendo con el sistema de Justicia en nuestro país desde hace dos décadas, cuando los encargados de su cumplimiento, sean estos jueces, fiscales, diligencieros o procuradores, que nunca supimos muy bien para qué sirven, se convirtieron en simples sicarios que actúan en nombre de ésta, hasta el extremo de empujarnos a recurrir a ella desde un punto de vista religioso, como se escucha frecuentemente, “apelando a la Justicia divina”, quizás por el carácter que su autoridad infundía entre la cultura griega o romana, donde ya era representada por la diosa “Temis” por unos y “Iustitia” por los segundos.
En ambas culturas, esta deidad de la justicia es simbolizada por una mujer con los ojos vendados, significando su imparcialidad, una balanza que significa la igualdad y el equilibrio que debe existir entre quienes asisten ante un juez y, finalmente, la espada, que simboliza la fuerza o poder para hacer cumplir sus determinaciones. Empero, nuestros operadores de justicia han trastocado tanto el concepto de la deidad, que pareciera que la venda de los ojos la suplieron con un antifaz, la balanza con una cartera y la espada con una metralleta.
En esta febril, como rocambolesca componenda, no puede, pues, extrañarnos que las importantes elecciones judiciales estén pasando a un segundo o cuarto plano de importancia, al igual que el Censo de Población y Vivienda, del que ya casi nadie habla. En su lugar, aparece un diputado Cabezas con una inusual propuesta, digna de Ripley, donde señala que las autoridades interinas sean designadas y elegidas de los postulantes que entrarán en carrera para elección judicial. Para tal efecto señaló tener listo el proyecto de Ley especial transitoria de designación de las máximas autoridades del Órgano Judicial y espera sólo el pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional para presentarlo.
El “honorable” de marras, muy considerado añade: “Lo hemos denominado ley transitoria para que el pueblo no se quede sin servicio de justicia y para que el pueblo boliviano tenga certidumbre. ¿A cuántos miles de ciudadanos no perjudicaríamos si no se llegara a elegir a los magistrados? Tampoco aceptamos que el Órgano Ejecutivo designe a los magistrados por decreto supremo”.
¿No se habrá dado cuenta este “padre de la patria” –como se solía llamar a los diputados nacionales– que el pueblo boliviano está sin servicio de justicia desde que este sistema de gobierno fue entronizado hace más de una década y media? ¿Sabrá este señor que en las ergástulas masistas yacen ciudadanos presos injustamente, como la expresidenta Jeanine Añez, el Gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, el potosino Marco Antonio Pumari y varios militares y policías que son víctimas de este atropello?
Finalmente, como hábil colofón de este sainete, el Tribunal Constitucional acaba de anular dicho proyecto de Ley, sin cabezas, ampliando aún más la agonía de las elecciones judiciales, para dar un respiro a la diosa blanca, sucesora de Temis, que sigue exportando pacíficamente, con una justicia judicializada y ajusticiada.