Walthy M. Eguez Paz
Estamos viendo con preocupación una inusitada celeridad del presidente del país, Luis Arce Catacora, en las gestiones internacionales para la explotación y venta del litio, el recurso natural más importante del país de la última década, que nos permita, efectivamente, salir de este estancamiento, de pobreza y corrupción.
Con gran despliegue de propaganda gubernamental, el presidente Arce menciona que las reservas de litio de Bolivia alcanzan a 23 millones de toneladas, que es la mayor reserva del mundo y, casi, somos la esperanza del planeta. Pero no menciona las proyecciones de ingresos para el Estado, a medio y largo plazo a partir de los contratos firmados con las inversoras externas, mucho menos informa sobre los réditos en regalías para Potosí y Oruro, los departamentos dueños legítimos de esos recursos naturales, ya que en derecho les corresponde, al menos, conocer el destino de sus bienes.
El gobierno fanfarronea por los contratos firmados con las empresas Corporación Citic Guoan, de China y Uranium One Group, de Rusia, para la explotación, industrialización y exportación del litio, que implica una inversión 1.400 millones de dólares en el país para operar en los salares de Pastos Grandes y Uyuni.
A estos contratos se suma el suscrito, en enero pasado, entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa china CATL Brunp & Cmoc (CBC), un consorcio de tres empresas chinas que instalarán dos plantas, uno en Uyuni y otro en Coipasa, con lo que suma una inversión externa de, al menos, 2.800 millones para la industrialización del litio.
El gobierno, en su campaña gubernamental, tampoco informa sobre si para sus decisiones administrativas, toma en cuenta el pedido del pueblo potosino de ser parte activa en esta etapa de adjudicación de sus recursos naturales. En marzo pasado, Potosí realizó un paro de 72 horas exigiendo el tratamiento de la Ley del Litio, asunto que hasta la fecha no recibió atención.
Peor aún en el caso del departamento de Oruro, la explotación de recursos del salar de Coipasa, el segundo después de Uyuni, fue adjudicada al consorcio chino Catl Brunp and Cmoc (CBC). Los orureños al igual que la mayoría de los bolivianos conocemos sólo ese dato y no los alcances de tan rápida negociación.
Oruro es también uno de los departamentos olvidados, desatendido por el poder central hasta en sus mínimas necesidades, pero con importantes capacidades y su propia vocación de desarrollo regional, por lo que el Gobierno, sin la menor excusa, debe informar a este pueblo sobre los proyectos de progreso con las regalías por su litio.
Sabemos que para los bolivianos las reservas de litio significan una extraordinaria oportunidad para la generación de ingresos realmente importantes que permitirían impulsar una verdadera política de desarrollo productivo eficiente, en el marco del nuevo contexto de la economía externa, al margen del trasnochado invento de supuesta economía social comunitaria que, más de una vez, ha demostrado que se trata de un diseño de administración del bien público para favorecer la corrupción desde el Estado.
A pesar de los acuerdos ya suscritos, con empresas de China y Rusia, la Asamblea Legislativa Plurinacional no conoce ni trató la aprobación de estos contratos que comprometen los recursos naturales estratégicos del Estado. Esta situación supondría una ilegalidad, la vulneración de la Constitución Política del Estado (CPE) artículo 158 numeral 12, que a la letra dice: “Aprobar los contratos de interés público referidos a recursos naturales y áreas protegidas, firmados por el Órgano Ejecutivo”.
Con las experiencias que nos dejan el gobierno de Luis Arce y su círculo de ministros y el Movimiento Al Socialismo (MAS), existen sobradas razones para tener dudas más que razonables sobre su forma de administrar el bien público, con cinismo en su ineficiencia y vergonzosa impunidad con hechos de corrupción, como es el caso de tráfico de carburantes en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), por mencionar recientes e inocultables arbitrariedades.
Con estos antecedentes, el manejo de los negocios del gobierno de Luis Arce con el litio de los bolivianos tampoco queda claro, advertimos al pueblo que debemos estar alertas para que el litio no se evapore como el gas que se hizo gas.
Walthy M. Eguez Paz es Diputado Nacional – CREEMOS.