La fortaleza de un partido político es su militancia, sea cual fuese el color. La militancia permite ser ministro, embajador, diputado, tribuno o senador; secretaria, telefonista o inspector.
Ya no es necesario ser experto, catedrático o escritor; la militancia basta; aunque hoy es tal la exigencia, que además del mérito profesional propio, puede ser necesaria la afiliación, o cuando menos ser “fautor” de los hechos y estar bien relacionado; pues como menciona el dicho “el que no cae resbala”, tal puede ser el caso de algún gestor de litigios, o intermediario de contratista de obras públicas, actuando entre el juzgador y el servicio a la interpretación legal, o entre el proponente y el responsable que decide la adjudicación.
En esta sucesión de reprochables escándalos está de por medio la militancia. Es la razón de ser para los partidos políticos: sumar adherentes y alcanzar el gobierno; dar trabajo a sus militantes –no siempre eficientes en la gestión pública–, eso sí, combatientes de primera línea defendiendo al presidente, ministros y demás “hermanos”; una mano lava a la otra, por más sucia que esté.
Así, entonces, es necesario considerar la importancia de la militancia, permite entender las situaciones de ruina moral que vive la gobernanza, y más cuando se trata de una autoridad: es sobre todo un militante, por más coludido que esté; vana ilusión esperar que lo cambien o lo sancionen, no será fácil, aunque algunos se desgañiten reclamando, exigiendo; y cuando ya fue imposible aguantar el descaro: “estás muy salpicado, te nombró embajador, ¿te parece?”.
Similar situación se repite en los gobiernos regionales y municipales; la militancia es su escudo para mantenerse en el cargo, la capacidad profesional no es exigencia, más vale la lealtad a la sigla o a quien decide el nombramiento.
Los militantes suman miles, cientos de miles: son las bases, los muros y el techo del inexpugnable edificio político que irradia prepotencia y poder. Denuncias públicas, constataciones y pruebas se diluyen con explicaciones abstractas, y distractivas: “¡caiga quien caiga!”, repiten; pero por otro lado resulta siendo herejía reclamar castigo para los militantes endilgados por delitos.
Encontramos así mejor respuesta para entender por qué tanta arbitrariedad queda enredada en la vergüenza indignante de la impunidad. Se destapa el ilícito, crece el morbo y huele a pudrición, el contubernio y la connivencia delincuencial hieren, y ya hacen llaga encarnada en la sensibilidad social.
Sabíamos, o lo sospechábamos, ahora no solo es algo maloliente, está a la vista, y aún hay quienes quieren hacer la vista gorda, ¡qué impavidez!
Son varias las preguntas que hurgan la conciencia pública, ¿cuánto más habrá que no se divulga?, ¿cuánto tiempo más durará todo esto? en fin…
Toda esta repulsa colectiva tendría que terminar con la inmoralidad imperante, mas no será muy fácil, porque castigar a la militancia es poner en riesgo el poder, lo uno apuntala lo otro; ambos se refugian con arrogancia espesa en el disimulo, y pueden superar la vergüenza; y por otra, porque en la evidencia histórica: ¡el pueblo no tiene memoria! Como dice Voltaire: «La política es el camino para que los hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria».
Ellos lo saben y volverán para ser candidatos, con la expectativa de seguir gobernando. El ciudadano tiene el poder supremo del voto, y cuando decida emitirlo, bueno sería que tenga presente: «los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo».
El autor es Periodista.