El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, manifestó ayer que el objetivo del Gobierno es sabotear la elección judicial para que los actuales consejeros y magistrados se queden “de facto” en sus cargos más allá de 31 de diciembre de 2023.
Alarcón precisó que como mandato de la Constitución Política del Estado (CPE), se debe asegurar la ejecución de las elecciones judiciales y dar el plazo de 90 días que pide el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para hacer una elección en condiciones adecuadas.
Lamentó que el sistema de justicia esté totalmente controlado por el Gobierno, ya que es elemento esencial para la concentración de poder del Movimiento al Socialismo (MAS), “por eso es fundamental, para ellos, que se queden los jueces serviles”.
Manifestó que todo lo que se “avanzó” hasta el momento son “piruetas distractivas” de diálogos sin ninguna voluntad real de llegar a nada en la Asamblea Legislativa.
“El mismo ministro de Justicia va cambiando de discurso y de posición en las judiciales, creo que en una semana tiene más de tres, cuatro cambios, ya no sabemos a cuál Iván Lima creerle, todo eso demuestra que el objetivo político central, escondido detrás de las elecciones judiciales, es que estos operadores judiciales sigan siendo los satélites del gobierno del MAS para acrecentar su autoritarismo y para seguir implementando la dictadura judicial en Bolivia”, dijo Alarcón en entrevista con radio Panamericana.
En ese marco aclaró que las elecciones judiciales no solo es un imperativo constitucional, que el voto ciudadano para elegir a los jueces es la norma que está vigente y hay que cumplirla y respetarla.
En ese marco, apuntó que la propuesta de CC es la única viable que salva la elección judicial, cambiando la metodología de preselección y acortando los plazos en la fase de la asamblea, para respetar los 90 días que exige el TSE y para que el 31 de diciembre los consejeros y magistrados dejen sus cargos, de lo contrario sería de facto y en contra de la CPE.
“Eso sería un delito, tanto de ellos como de los gobernantes o legisladores que quieran avalar eso. Peores magistrados que estos no vamos a tener, es decir, el descrédito que tienen está bordeando el 90% más en todas las encuestas serias de opinión que se hicieron, donde el ciudadano a perdido total credibilidad en los altos operadores judiciales”, apuntó.
PROPUESTA
La bancada de CC, presentó una “Ley Corta y Transitoria” para garantizar la realización de las elecciones judiciales hasta diciembre de 2023. El cronograma planteado disponía la aprobación y promulgación hasta el 11 de agosto, publicación de nueva convocatoria entre el 12 y 13, la presentación de postulaciones desde el 14 al 23, entre el 24 y 28 la verificación de requisitos y méritos, el día 29 publicación de los postulantes habilitados, del 30 al 31 la presentación de impugnaciones, el 1 de septiembre la resolución de las impugnaciones, ese mismo día la aprobación de informes y su respectiva remisión al pleno de la Asamblea Legislativa para la sesión entre el domingo 3 y lunes 4, no obstante, muchos de los plazos ya vencieron y sigue empantanada.
DESAFÍO
INDEPENDIENTE
El abogado Ramiro Orias, en una columna de opinión publicada en Guardiana, manifestó que la construcción de un Órgano Judicial independiente constituye el mayor desafío político de la democracia boliviana.
“Este 2023 el país tenía las mejores condiciones para avanzar en esta meta, como política de Estado. Un diagnóstico ampliamente compartido por las y los actores de la sociedad boliviana, que definen un estado de crisis profunda y una ciudadanía que demanda un cambio urgente. Una Asamblea Legislativa Plurinacional conformada con mayor pluralismo y equilibrio político, que tenía el reto de construir acuerdos sin el cálculo político de corto plazo. Se contaba con el apoyo de organismos internacionales especializados. Sin embargo, el liderazgo político no estuvo a la altura de los tiempos”, escribió.
Recordó que el presidente Luis Arce, en su discurso de rendición de cuentas del 6 de agosto, señaló que la elección de nuevos magistrados “no cambiará los problemas estructurales de la justicia, eso está demostrado”, así ha dicho y “subrayado, revelando la falta de convicción y voluntad política de asumir con responsabilidad esta deuda pendiente. Tal vez esta frase anticipaba de un nuevo fracaso, pero sin duda con las actuales autoridades judiciales, que no le imprimieron la decisión y liderazgo que la reforma demanda, se prolongará la crisis judicial. Siempre se puede más, hasta el límite”.
En ese marco, aclaró que el país tenía un contexto de la mayor disponibilidad para iniciar un cambio genuino.
“Se marcaron dos caminos: uno de la madurez ciudadana, que siguiendo los procesos constitucionales y cumpliendo la ley, promovió la recolección de firmas de adhesión para la convocatoria de un referéndum para la reforma parcial de la constitución. Había propuesta, trabajo serio y profesional, pero el camino fue difícil, minado por obstáculos y ataques desde el poder político, aunque se logró el compromiso de más de 800.000 ciudadanos. Empero, no fueron suficientes el tiempo ni el esfuerzo”, continuó.
Remarcó que el otro camino estuvo a cargo de los actores políticos, una verdadera aventura, de jugar al máximo con las posibilidades y necesidades de la democracia boliviana. Una convocatoria fallida, la aprobación de un reglamento sin consensos, recursos constitucionales que paralizaron el proceso y finalmente el Tribunal Constitucional Plurinacional dijo lo obvio, reencauzar todo bajo el acuerdo de dos tercios de votos en la Asamblea, pero la mayoría oficialista pretende seguir en la aventura, jugando hasta lo último, una apuesta que nos ha llevado a un callejón sin salida.